Presuntas irregularidades en la suscripción de contratos en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia Coronavirus COVID-19
Presuntas irregularidades en la suscripción de contratos en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia Coronavirus COVID-19
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16 Abr 2020 06:38 AM

Procuraduría General abrió indagación preliminar a contratación de la gobernación del Tolima en emergencia COVID-19

Fredy Geovanni
Prieto Serrano
Presuntas irregularidades en la suscripción de contratos en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia Coronavirus COVID-19

De acuerdo a la Procuraduría General de la Nación, el ministerio público decidió abrir indagación preliminar en contra de algunos funcionarios de la Gobernación del Tolima, por presuntas irregularidades en la suscripción de contratos en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia Coronavirus COVID-19.

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Se pudo determinar que la Procuraduría en la apertura preliminar, indagará los procesos contractuales que suscribió la gobernación del Tolima para la compra de mercados, kits de aseo y difusión de información sobre la pandemia del covid-19, por más de 11.500 millones de pesos.

El órgano de control busca determinar la existencia de supuestas faltas disciplinarias relacionadas con los procesos contractuales No. 0493 del 26 de marzo de 2020 por $1.020 millones de pesos; No. 0494 del 26 de marzo del 2020 por $5.500 millones de pesos y el No. 0531 del 1 de abril de 2020 por $5.000 millones de pesos, que presuntamente tendrían relación con sobrecostos e irregularidades en los negocios jurídicos.

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En ese sentido la Procuraduría ordenó a la Secretaría de Hacienda del departamento, entregar toda la información relacionada con el presupuesto invertido durante los meses de marzo y abril en la suscripción de contratos con ocasión de la emergencia por el Covid-19, con soportes y certificaciones correspondientes, con las que se buscaría individualizar a los presuntos responsables y de este modo establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se presentó el comportamiento presuntamente irregular, y el perjuicio causado a la administración pública.