
Contraloría alerta por millonarios anticipos sin legalizar en la Nueva EPS que impactan a Tolima
Advertencia de la Contraloría sobre la EPS más grande del país
La Contraloría General de la República alertó sobre la situación crítica en la Nueva EPS, la aseguradora de salud más grande del país, que a corte del 30 de junio de 2025 presenta $15,3 billones en anticipos sin legalizar. Estos recursos fueron entregados a hospitales y clínicas, pero no cuentan con los soportes que certifiquen la prestación de servicios médicos.
En departamentos como el Tolima, donde la Nueva EPS concentra un número importante de afiliados, esta situación genera preocupación sobre la adecuada utilización de los recursos públicos destinados a la salud.
Qué significa un anticipo sin legalizar
Un anticipo pendiente de legalizar es dinero que la EPS entrega a un prestador sin que exista aún la evidencia de la atención. Hasta que no se presenten facturas y se auditen los servicios, ese pago sigue siendo solo un anticipo y no un gasto verificado.
Para usuarios en Ibagué y municipios del norte y sur del Tolima, esta incertidumbre implica riesgos sobre la disponibilidad de recursos para atender consultas, cirugías y tratamientos en hospitales y clínicas de la región.
Irregularidades detectadas en el manejo de los recursos
La Contraloría destacó que la Nueva EPS incumplió el Decreto 441 de 2022, que prohíbe giros anticipados bajo la modalidad de “pago por evento”. A pesar de ello, continuó aplicando esta práctica entre 2022 y 2025.
Adicionalmente, no se han auditado 13,7 millones de facturas por un valor de $13,2 billones, lo que aumenta el riesgo de pagos indebidos y genera dudas sobre la cobertura real en regiones como el Tolima.
Riesgos en la contratación afectan a los territorios
El organismo de control señaló también irregularidades en los procesos contractuales de la Nueva EPS, como ausencia de soportes documentales, falta de claridad en las modalidades de pago y carencia de identificación de la población beneficiada.
Estas prácticas generan opacidad y riesgos de doble pago o sobreutilización de servicios, lo que impacta directamente en la atención de los afiliados en hospitales de Ibagué, Líbano, Espinal y otras localidades del Tolima.
Recursos que pudieron reintegrarse al sistema de salud
De acuerdo con la Contraloría, si los anticipos se hubieran legalizado a tiempo, recursos no ejecutados por las IPS habrían regresado al sistema de salud, beneficiando a regiones que enfrentan déficit hospitalario como el Tolima.
El organismo de control también identificó inconsistencias entre los reportes de la Nueva EPS y los datos de la ADRES, lo que cuestiona la transparencia de la información financiera y administrativa.
Vigilancia reforzada ante el riesgo en departamentos como Tolima
La Contraloría anunció que mantendrá acciones de vigilancia estricta sobre la Nueva EPS y que abrirá procesos para determinar daños fiscales y responsabilidades.
En regiones como el Tolima, donde la población depende en gran medida de esta EPS, las alertas de la Contraloría ponen en evidencia la fragilidad del sistema y la necesidad de garantizar un uso transparente de los recursos públicos.
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