
El Gobierno Nacional volvió a defender en Ibagué la reforma a la salud que se tramita en el Congreso y, al mismo tiempo, anunció que en las próximas semanas se conocerán los hallazgos de la interventora de la Nueva EPS, una de las entidades más grandes del país y que concentra millones de afiliados.
El anuncio lo hizo el viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez Saldarriaga, durante el encuentro Diálogos de Salud con Dignidad, realizado en la Universidad Cooperativa de Colombia. Allí, ante líderes comunitarios, académicos y usuarios, expuso la posición del Gobierno frente a la crisis del sistema y defendió la necesidad de una transformación estructural.
Un sistema en crisis
Según Martínez, el modelo actual llegó a un punto límite: de las 157 EPS que existían hace unos años, hoy apenas funcionan 28 y solo dos cumplen con los indicadores de solvencia financiera. “El sistema se agotó y no garantiza el derecho universal a la salud”, enfatizó, al explicar que la reforma busca superar las barreras de acceso que afectan a millones de colombianos.
El viceministro enumeró algunas de esas barreras: trámites administrativos engorrosos, autorizaciones de EPS, demoras en citas y procedimientos, dificultades geográficas y hasta culturales. Para el funcionario, la reforma debe acabar con la lógica actual de la intermediación financiera y reorganizar el modelo en torno a la prevención, la cercanía y la eficiencia.
El papel de la ADRES
Uno de los puntos centrales de la propuesta es que la ADRES se convierta en el pagador único del sistema. En lugar de que las EPS administren los recursos, estos se distribuirían en tres cuentas:
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Centros de atención primaria, con presupuestos fijos para garantizar personal y servicios de primera necesidad.
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Fortalecimiento hospitalario, con recursos para cerrar brechas de hospitales públicos de segundo y tercer nivel.
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Servicios de mediana y alta complejidad, que cubrirían medicamentos, tratamientos especializados y enfermedades de alto costo.
“Con este modelo los recursos no quedarán en manos de las EPS, sino que irán directamente a hospitales y clínicas”, explicó Martínez. Según dijo, esto permitirá mayor transparencia, control y trazabilidad en el uso de los dineros públicos.
Cambios en la Nueva EPS
En cuanto a la Nueva EPS, el viceministro confirmó que la interventora cerrará los estados financieros pendientes y entregará un informe con fallas estructurales ya identificadas. “El objetivo es que el Estado tenga mayor participación, inyecte recursos y se pueda garantizar el pago oportuno a hospitales y clínicas”, sostuvo.
El tema preocupa especialmente en el Tolima, donde varios hospitales han restringido la atención a usuarios de esta EPS debido a la falta de pagos. “No puede seguir repitiéndose la lógica de los últimos 30 años: EPS que no paga, hospital que cierra servicios y médicos que entran en paro”, agregó.
Martínez recalcó que con la reforma esta situación debería cambiar, pues los recursos llegarán directamente a los prestadores de salud, sin pasar por intermediarios financieros.
Modelo preventivo y territorial
El funcionario explicó que la propuesta también tiene un componente de prevención y resolución de problemas de salud en los territorios. “No se trata solo de esperar al paciente dentro de un hospital, sino de ir a la comunidad, a la casa, identificar riesgos y garantizar condiciones para que la gente no se enferme”, dijo.
El Ministerio de Salud ya expidió decretos que organizan el sistema en 10 regiones y 119 subregiones sanitarias, lo que permitirá acercar los servicios a la población y fortalecer los niveles básicos de atención. “Los niños deberían poder nacer en sus municipios y no tener que desplazarse siempre a las capitales”, señaló Martínez.
Debate abierto
El viceministro insistió en que el debate apenas inicia en la Comisión Séptima del Senado y que la meta del Gobierno es que la reforma quede aprobada antes de finalizar el año. Mientras tanto, reconoció que el Ministerio seguirá adelantando acciones administrativas, como inversiones en infraestructura hospitalaria y dotación de equipos médicos.
“El modelo debe pasar de una lógica de negocio a una lógica de derechos. Los recursos no pueden seguir concentrados en la intermediación de las EPS, deben convertirse en atención real para la población”, puntualizó.
El evento en Ibagué dejó en claro que la discusión sobre la reforma a la salud seguirá abierta y que, mientras se define su futuro en el Congreso, los usuarios y hospitales siguen enfrentando las consecuencias de un sistema que, según el propio Gobierno, está al borde del colapso.
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