Salón de clases.
Nueve años de abandono y promesas incumplidas convierten proyectos educativos en símbolos de negligencia estatal.
El abandono que se convirtió en símbolo de la negligencia institucional, la educación en Ibagué enfrenta una crisis sin precedentes que expone las fallas más profundas del sistema estatal. La sede central de la Institución Educativa José Joaquín Flórez Hernández, situada en el barrio Las Américas, se ha transformado en el testimonio más crudo del abandono gubernamental hacia uno de los derechos fundamentales más importantes de la sociedad.
Durante nueve años consecutivos, esta comunidad educativa ha mantenido la esperanza de ver materializada la ampliación de su infraestructura escolar. Una obra que no solo representaría ladrillos y cemento, sino la oportunidad real de educación para cerca de 3.000 nuevos estudiantes que hoy se ven privados de espacios dignos para su formación académica.
La historia de este proyecto educativo está plagada de negligencias administrativas que revelan la desarticulación entre las diferentes entidades responsables. El Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE) permitió que venciera la licencia de construcción, dejó caducar los permisos de aprovechamiento forestal expedidos por Cortolima, y pese a haber recibido formalmente el proyecto desde 2018, no ha colocado un solo ladrillo en el terreno destinado para la construcción.
Recursos millonarios inmovilizados mientras crece la desesperanza comunitaria
En los archivos del FFIE reposan más de 12.500 millones de pesos destinados exclusivamente a esta obra educativa. Estos recursos, que deberían estar transformando la realidad educativa de la comuna 9, permanecen inmóviles generando únicamente rendimientos financieros cuyo destino final sigue siendo una incógnita para la comunidad afectada.
La comunidad educativa ha tenido que enfrentar situaciones que van más allá de la simple espera. En varias ocasiones, han debido acudir a jueces de paz para lograr el desalojo de predios de la institución que habían sido apropiados indebidamente por terceros como parqueaderos, evidenciando el nivel de abandono al que ha llegado este proyecto prioritario.
Este problema no es reciente ni desconocido por las autoridades competentes. Tanto en 2018 como en 2024, diversos medios de comunicación local han documentado y denunciado públicamente los incumplimientos sistemáticos que rodean este proyecto educativo, convirtiendo el caso en un referente de la ineficiencia administrativa que caracteriza la gestión de infraestructura educativa en el país.
Una cadena de indiferencia que atraviesa diferentes administraciones gubernamentales
La voz de la comunidad educativa se ha alzado ante múltiples instancias gubernamentales, atravesando diferentes períodos administrativos sin obtener respuestas efectivas. Durante el gobierno de Iván Duque, las peticiones llegaron hasta el Ministerio de Educación Nacional, mientras que en la actual administración del presidente Gustavo Petro y su ministro Daniel Rojas, las solicitudes continúan sin respuesta satisfactoria.
A nivel local, tanto la alcaldía anterior encabezada por Andrés Hurtado como la actual administración dirigida por Johana Aranda han recibido las quejas y reclamos de la comunidad. Adicionalmente, se han presentado denuncias formales ante entes de control y vigilancia, pero la respuesta institucional ha sido invariablemente la misma: indiferencia sistemática y postergación indefinida de las soluciones.
El panorama educativo en la comuna 9 se agrava considerablemente con la existencia de otro elefante blanco: el colegio público de la Arboleda del Campestre. Este proyecto, directamente ligado a las viviendas de interés social y prioritario de la constructora Bolívar, lleva más de ocho años en proceso de construcción sin lograr su entrega definitiva a la comunidad.
Excusas recurrentes que ocultan una gestión administrativa deficiente
Cada reunión convocada para abordar estos proyectos educativos se caracteriza por la presentación de excusas que evidencian la falta de planeación y compromiso real. Las justificaciones van desde condiciones climáticas adversas como el verano o el invierno, hasta supuestos problemas de recursos económicos, demoras en trámites de entidades municipales o territoriales.
El FFIE sistemáticamente señala obstáculos externos para justificar sus incumplimientos, mientras que las constructoras involucradas y la alcaldía municipal insisten en mantener discursos sobre un desarrollo que la comunidad considera completamente falso y engañoso. Esta dinámica ha generado un ambiente de desconfianza profunda entre los ciudadanos y las instituciones responsables.
Mientras se perpetúa esta situación de abandono, cientos de niños y adolescentes deben desplazarse diariamente a lugares distantes para acceder a su derecho fundamental a la educación. Estas familias asumen costos económicos adicionales y exponen a sus hijos a mayores riesgos, convirtiendo el acceso educativo en una carga que debería ser responsabilidad plena del Estado.
Un marco legal sólido que contrasta con la realidad educativa ibaguereña
La Constitución Política colombiana, específicamente en su artículo 67, establece de manera inequívoca que la educación constituye un derecho fundamental y representa una obligación ineludible del Estado hacia todos los ciudadanos. Esta disposición constitucional no admite interpretaciones ambiguas ni justificaciones para su incumplimiento.
La Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) y el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) refuerzan significativamente este mandato constitucional, estableciendo garantías específicas sobre el acceso, la calidad educativa y la permanencia escolar. Estos instrumentos legales crean un marco jurídico robusto que debería proteger efectivamente los derechos educativos de la población infantil y juvenil.
Adicionalmente, la Corte Constitucional ha desarrollado una jurisprudencia clara a través de sentencias como la T-478 de 2015 y la T-316 de 2017, estableciendo que el derecho educativo trasciende el simple acceso y exige condiciones dignas de infraestructura y calidad académica. Sin embargo, la realidad educativa de Ibagué refleja una situación diametralmente opuesta a estos mandatos legales.
La urgencia de una intervención ministerial directa y efectiva
La veeduría ciudadana y la comunidad educativa expresan su preocupación fundada sobre la posibilidad de que estos proyectos educativos sigan el mismo camino de otros colegios emblemáticos de la ciudad. Instituciones como el San Simón, el Mariano Melendro, el Inem y el José Antonio Ricaurte terminaron siendo despriorizados tras años de indolencia institucional sistemática.
Desde la defensa del derecho fundamental a la educación, las organizaciones ciudadanas exigen al ministro Daniel Rojas una intervención personal y directa en esta situación. La solicitud específica incluye su traslado físico a Ibagué para conocer de primera mano la problemática que afecta a miles de estudiantes y sus familias.
La petición ciudadana enfatiza la necesidad de que el ministro escuche directamente a los estudiantes, docentes, padres de familia y veedurías, evitando limitarse únicamente a reuniones con el FFIE o la Secretaría de Educación Municipal. Estos actores comunitarios son quienes verdaderamente conocen la realidad educativa y sufren diariamente las consecuencias del abandono institucional.
Cerca de 4.000 niños del sector de la comuna 9 continúan esperando la materialización de aulas y espacios educativos dignos que les permitan ejercer plenamente su derecho constitucional a la educación. Esta cifra no representa únicamente estadísticas, sino el futuro de una generación que está siendo privada de oportunidades de desarrollo personal y social.
La educación no constituye un favor que el Estado otorga discrecionalmente a la ciudadanía, sino un derecho fundamental que actualmente está siendo vulnerado de manera sistemática en Ibagué. La comunidad educativa reitera su llamado urgente al Gobierno Nacional y a las autoridades locales para que inicien inmediatamente las obras, ejecuten los recursos con total transparencia y pongan fin a la indiferencia institucional que mantiene a miles de niños en el limbo educativo.
La urgencia de una intervención ministerial directa y efectiva
La veeduría ciudadana y la comunidad educativa expresan su preocupación fundada sobre la posibilidad de que estos proyectos educativos sigan el mismo camino de otros colegios emblemáticos de la ciudad. Instituciones como el San Simón, el Mariano Melendro, el Inem y el José Antonio Ricaurte terminaron siendo despriorizados tras años de indolencia institucional sistemática.
Desde la defensa del derecho fundamental a la educación, las organizaciones ciudadanas exigen al ministro Daniel Rojas una intervención personal y directa en esta situación. La solicitud específica incluye su traslado físico a Ibagué para conocer de primera mano la problemática que afecta a miles de estudiantes y sus familias.
La petición ciudadana enfatiza la necesidad de que el ministro escuche directamente a los estudiantes, docentes, padres de familia y veedurías, evitando limitarse únicamente a reuniones con el FFIE o la Secretaría de Educación Municipal. Estos actores comunitarios son quienes verdaderamente conocen la realidad educativa y sufren diariamente las consecuencias del abandono institucional.
Cerca de 4.000 niños del sector de la comuna 9 continúan esperando la materialización de aulas y espacios educativos dignos que les permitan ejercer plenamente su derecho constitucional a la educación. Esta cifra no representa únicamente estadísticas, sino el futuro de una generación que está siendo privada de oportunidades de desarrollo personal y social.
La educación no constituye un favor que el Estado otorga discrecionalmente a la ciudadanía, sino un derecho fundamental que actualmente está siendo vulnerado de manera sistemática en Ibagué. La comunidad educativa reitera su llamado urgente al Gobierno Nacional y a las autoridades locales para que inicien inmediatamente las obras, ejecuten los recursos con total transparencia y pongan fin a la indiferencia institucional que mantiene a miles de niños en el limbo educativo.
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Alerta Tolima
