
Procuraduría abrió indagación contra funcionarios de la alcaldía de Neiva por presuntas irregularidades en el PAE
La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios de la Alcaldía de Neiva, debido a presuntas irregularidades en la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Esta decisión se da como resultado de un preocupante hallazgo ocurrido el pasado 16 de mayo, cuando un operativo conjunto entre la Secretaría de Educación de Neiva, la Secretaría de Salud e INVIMA detectó inconsistencias en la trazabilidad y procedencia de más de 2.600 kilos de productos cárnicos almacenados por el operador del contrato del PAE.
A pesar que los alimentos no mostraban signos visibles de descomposición, las autoridades determinaron que incumplían con la normativa sanitaria vigente, lo que representaba un riesgo potencial para la salud de los estudiantes beneficiarios del programa.
Se activaron de inmediato los protocolos de seguridad alimentaria, lo que derivó en la inmovilización y congelamiento preventivo de los productos, así como en su posterior incineración bajo condiciones sanitarias controladas, con el objetivo de evitar, mitigar y prevenir cualquier situación que pusiera en peligro la integridad de los menores que reciben los alimentos del PAE en Neiva.
Inicialmente la alerta fue emitida por el equipo técnico del PAE, liderado por Leidy Jara, quien señaló que durante una inspección de rutina se evidenció la ausencia de guías sanitarias de transporte y el incumplimiento de la cadena de frío, dos aspectos fundamentales en la manipulación de alimentos perecederos como la carne.
La indagación de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Neiva, se dio en el marco de sus acciones preventivas y tras conocerse públicamente la intervención sanitaria, por lo que solicitó a la administración copia de la fase contractual del PAE, la selección del operador, las obligaciones estipuladas en el contrato, así como los informes más recientes de seguimiento a la ejecución del programa.
Y es que la falta de información sobre el origen y la manipulación de los productos cárnicos, sumada a la ausencia de documentación sanitaria exigida por la ley, levanta serias dudas sobre el cumplimiento de las condiciones mínimas de salubridad.
El caso reaviva el debate sobre la transparencia y la eficiencia en la contratación pública en sectores tan sensibles como la alimentación escolar. El PAE, cuyo propósito es garantizar una nutrición adecuada a los estudiantes para favorecer su permanencia y rendimiento académico, debe operar con los más altos estándares de calidad.
Por ello, la Procuraduría anunció que continuará recabando pruebas para establecer si hubo omisión, negligencia o complicidad por parte de funcionarios públicos que debieron ejercer control sobre el operador contratado.
De comprobarse faltas disciplinarias o contractuales, procederán con las respectivas sanciones, en aras de proteger el derecho a una alimentación segura y saludable para la población escolar de Neiva.
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