Esta semana se presentó en el Congreso de la República el último debate del Proyecto de Ley Orgánica 026 de 2017, en el cual se exceptúa al Ministerio de Trabajo y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, del artículo 92 de la ley 617 de 2000, en el cual se prohíbe el crecimiento de los gastos del personal de las entidades.
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El Gobierno Nacional con esta iniciativa busca fortalecer la política pública orientada a la protección de los derechos y garantías de los colombianos, así como también mejorar las necesidades del funcionamiento del sistema penitenciario y carcelario.
Es así como con este proyecto se quiere crear 2 mil 800 nuevos cupos, los cuales se van a distribuir 2.300 para personal de custodia y vigilancia y 500 cargos administrativos, por lo que se espera que la modificación de la planta se haga entre los años 2019 y 2020.
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Para disminuir un poco la problemática del hacinamiento y mejorar las condiciones de quienes se encuentran privados de la libertad, el Gobierno ha entregado 2 mil 417 cupos, de los cuales 576 fueron en la cárcel de Picaleña, 408 en la Cárcel de Bellavista, Antioquia, 768 en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario del Espinal y 655 cupos en la cárcel de Tuluá.
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Con este proyecto se espera que para los años 2020 y 2022, en un trabajo en conjunto con el INPEC y USPEC, se pueda construir una infraestructura penitenciaria y carcelaria que tenga altos estándares del derecho internacional.
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