Captura Soborno
Los uniformados habrían solicitado la suma de $4.500.000 por devolver elementos incautados.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a dos uniformados adscritos al Grupo de Carabineros de la Policía Nacional en Neiva, Huila, por su presunta responsabilidad en un caso de corrupción que habría involucrado exigencias económicas a un ciudadano para devolverle pertenencias que, según las autoridades, no fueron legalmente reportadas.
El caso, que ha generado indignación en la capital huilense, ocurrió el pasado 12 de agosto, en el que de acuerdo con la investigación, el subintendente Yolman Javier Gutiérrez Mayor y el patrullero Yeison Rojas Tovar habrían solicitado la suma de $4.500.000 a un hombre, con el propósito de devolverle un teléfono celular perteneciente a un conocido suyo, actualmente privado de la libertad.
Esta persona, había sido capturada previamente en otro procedimiento policial, durante el cual los uniformados incautaron varios elementos que, según la Fiscalía, no fueron puestos a disposición de la autoridad competente para su respectiva legalización, como lo establece la ley.
La denuncia del ciudadano permitió que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, con el apoyo del Gaula Militar, organizara un operativo de seguimiento en inmediaciones del estadio Guillermo Plazas Alcid, lugar donde presuntamente se concretaría la entrega del dinero. Allí, los investigadores capturaron en flagrancia a los dos uniformados en el momento en que recibían el monto exigido.
Ante la contundencia del operativo, los uniformados fueron capturados y puestos a disposición de la Fiscalía, donde se les imputó los delitos de concusión, consistente en que un servidor público, abusando de su cargo, constriña o induzca a alguien a dar o prometer dinero, y ocultamiento de elemento material probatorio, delito que sanciona la alteración o retención de objetos que podrían servir como prueba en un proceso judicial.
Durante la audiencia de imputación de cargos, ni Gutiérrez Mayor ni Rojas Tovar aceptaron responsabilidad. La defensa de los uniformados solicitó medidas no privativas de la libertad, argumentando que no existía riesgo de fuga ni obstrucción a la justicia. Sin embargo, el juez de control de garantías, considerando la gravedad de los hechos y la necesidad de proteger el proceso, les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
Este caso se suma a otros procesos que la Fiscalía adelanta en el país contra funcionarios públicos señalados de utilizar su posición para obtener beneficios personales ilegales, este es uno de los delitos más perseguidos por el ente acusador, ya que implica un abuso directo del poder que les ha sido conferido a servidores públicos para servir a la comunidad.
Mientras avanza el proceso judicial, los dos uniformados permanecerán detenidos en un establecimiento penitenciario, a la espera de que se surtan las etapas procesales y se determine su responsabilidad penal.
Fuente
Sistema Integrado de Información
