En las últimas horas integrantes del CTI de la Fiscalía hicieron efectiva las órdenes de captura que fueran expedidas en contra de dos hombres identificados como Jaime Castillo Paiva y Javier Hernando Rubio Antía, quienes venían siendo investigados por haber incurrido en los delitos de fraude procesal, estafa agravada, falsedad ideológica en documento público y privado, concierto para delinquir y peculado por apropiación y quienes harían parte de la banda delincuencial conocida como “Las Embarazadas”.
Según da cuenta el Fiscal 53 Seccional de delitos contra la administración pública, estos hombres venían siendo investigados porque al parecer a través de las redes sociales con el mensaje “Mujeres en estado de embarazo que no estén inscritas a seguridad social contactarse a este número para afiliación gratuita", engañaban a embarazadas de escasos recursos para que accedieran al pago de licencias de maternidad las cuales cancelaban las EPS,
De acuerdo a las denuncias, se pudo establecer que a través de una página de internet se hacían pasar como empresa que garantizaba a mujeres en estado de gestación de menos de tres meses y de pocos recursos obtener una adecuada atención médica, asegurándoles que inicialmente les entregarían un kit para sus bebés como ayuda primaria.
Es así como por medio de las 6 empresas de papel de los capturados crearon y las cuales todas quedaban ubicadas en la misma oficina del Centro Comercial Pasaje Real La 14, les exigían a las mujeres la cédula y una certificación médica de embarazo no mayor a tres meses, posteriormente afiliándolas y haciéndolas pasar como empleadas de las y así en el momento del parto hacían lo respectivo para el cobro a la EPS Salud Total, la cual fue una de las víctimas, la suma de 13 millones de pesos por cada una de las licencias de maternidad.
Es así como la EPS encontró algo extraño en los procedimientos que se adelantaban por lo que solicitaron los recobros al Fosyga y decidieron interponer la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, mientras que los implicados interpusieron acciones de tutela a varios juzgados civiles y de garantías para poder hacer efectivos los cobros, logrando apenas solo el pago de uno, dinero que vienen siendo de las arcas del estado.
Sobre las afiliaciones de las mujeres, el ente acusador reveló que las víctimas fueron afiliadas con el salario mínimo por tres meses, las cambiaban a otra empresa una de ellas denominada "S&A Consultores" por los siguientes meses por un salario de 4 millones y al finalizar la maternidad nuevamente cotizaban por el mínimo.
Durante la diligencia esta redacción conoció que Jaime Castillo y Javier Hernando Rubio no se allanaron a los cargos imputados por la Fiscalía, siendo beneficiados con la detención domiciliaria.
