Tolima sube la presión: pedirán auditoría a EPS por deudas que ahogan a hospitales
19 Nov 2025
08:36 AM
Tolima sube la presión: pedirán auditoría a EPS por deudas que ahogan a hospitales
El Comité reveló que algunos gerentes de EPS acumulan órdenes de arresto por desacato a fallos judiciales.
El Tolima encendió las alarmas en materia de salud. El Comité de Control Social Departamental anunció que elevará una solicitud formal a la Contraloría General de la República para que audite a las EPS que mantienen cuantiosas deudas con las IPS del departamento, un problema que, según los actores del sistema, ya está golpeando la atención de miles de usuarios, empujando a los hospitales hacia escenarios de riesgo financiero y operativo.
La decisión surge tras una sesión que, por primera vez en el año, reunió a personerías, alcaldes, veedores ciudadanos y gerentes de hospitales en un solo espacio. Allí, durante más de tres horas, se expuso un diagnóstico inquietante: el número de tutelas para acceder a medicamentos, citas y procedimientos esenciales está disparado, mientras los desacatos por parte de las EPS se vuelven cada vez más frecuentes. “Hay gerentes con órdenes de arresto vigentes por incumplir fallos”, revelaron representantes del Ministerio Público.
La situación en Ibagué preocupa aún más. Según Alfonso Luis Suárez, personero delegado para servicios públicos, una tercera IPS estaría a punto de declarar emergencia funcional, una figura que se activa cuando el nivel de riesgo compromete la atención, la operación o la capacidad financiera de un centro asistencial. Si esto ocurre, la capital del Tolima quedaría con tres instituciones en estado crítico, lo que, de acuerdo con autoridades y expertos, podría generar un efecto dominó sobre tiempos de espera, autorizaciones y disponibilidad de camas.
Durante la sesión, varios gerentes hospitalarios cuestionaron la falta de claridad sobre el verdadero monto de la deuda que las EPS tienen con las IPS. Lo único seguro, afirmaron, es que se trata de cifras significativas y en crecimiento. Algunos estiman que la cartera supera los tiempos legales permitidos, y que parte de ella podría clasificarse como irrecuperable, poniendo en riesgo los recursos públicos destinados a garantizar la atención en salud. Sin embargo, las cifras oficiales siguen sin coincidir entre lo que reportan las EPS, las IPS y los entes de control.
Frente a este panorama, la contralora auxiliar del Tolima, Andrea Marcela Molina, presentó las conclusiones del Comité y explicó el camino que seguirán. El primer gran paso será la elaboración del acta oficial de la sesión, un documento que abrirá formalmente el proceso de verificación. Luego vendrá el desafío más complejo: la recolección y depuración de información real, actualizada y verificable sobre la cartera hospitalaria. Esto incluirá requerimientos formales tanto a EPS como a IPS, así como el cotejo de los datos con las personerías municipales.
“Solo cuando tengamos información sólida podremos solicitar el acompañamiento de la Contraloría General y evaluar la viabilidad de incluir una auditoría específica dentro del Plan de Vigilancia Fiscal 2026”, afirmó la funcionaria. Según Molina, parte de estos recursos podría estar “en riesgo de pérdida”, motivo suficiente para activar una revisión exhaustiva de cómo se está manejando el dinero público que financia la atención en salud.
La contralora también anunció que, una vez se depuren los datos, el Comité instalará una mesa técnica de seguimiento, en la que se construirán conclusiones y se definirán las acciones que retomarán en la primera sesión del próximo año. Esta mesa será clave para identificar responsabilidades, proponer correctivos y, sobre todo, hacer trazabilidad a la ejecución de los recursos, una demanda insistente de las veedurías y de la ciudadanía que participó presencial y virtualmente en el encuentro.
Actores del sistema coinciden en que el problema no es nuevo, pero sí se ha agravado. La falta de pago oportuno por parte de algunas EPS ha llevado a que hospitales y clínicas trabajen al límite, acumulen facturas sin cancelar y tengan dificultades para sostener nóminas, proveedores y servicios especializados. En paralelo, la judicialización del acceso a la salud —a través de tutelas y desacatos— se ha convertido en la salida desesperada de los usuarios para lograr tratamientos a los que, por ley, deberían acceder sin barreras.
En conclusión, el Comité dejó claro un mensaje: no habrá más margen de espera. El Tolima buscará que la Contraloría revise a fondo la operación financiera de las EPS, especialmente a aquellas que arrastran deudas que están asfixiando la red hospitalaria. Mientras tanto, las personas que dependen del sistema siguen enfrentando demoras, negaciones y una crisis que, lejos de ceder, parece estar escalando.
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Alerta Tolima
