Así lo señala el diputado Jairo Forero, quien afirma que las demandas laborales y las conciliaciones que deben afrontar entidades como el Hospital Federico Lleras Acosta y la Fábrica de Licores del Tolima, pueden representar un riesgo fiscal, si se tiene en cuenta que cada uno de estos procesos puede ir descontando poco a poco los 60 mil o 70 mil millones de pesos que se tengan en reserva de recursos, poniendo en riesgo aún más delicado la estabilidad económica en cada una de estas empresas.
El asambleísta señaló que en el caso del Hospital Federico Lleras Acosta, si bien las deudas están congeladas en lo que tiene que ver al pago de capital por su intervención, no se congelaron los interés que se pagan sobre las deudas, señalando que es de esa parte donde el centro hospitalario podría entrar en quiebra al pagar cada una de las sentencias que se han fallado en su contra junto con los intereses de llegarse a levantar dicha intervención.
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Al referirse al caso específico de la Fábrica de Licores del Tolima, Forero señaló que se tiene conocimiento de varias acciones judiciales y demandas laborales en su contra, que ponen en riesgo la estabilidad financiera de la empresa perteneciente al departamento y que se ven riesgo de ser objeto de varios fallos en su contra, a consecuencia del mal manejo que se dio en gerencias anteriores de esta dependencia de la administración departamental.
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Ante este riesgo, el gerente de la Fábrica de Licores, será citado ante la duma departamental, para dar a conocer, cuáles son las estrategias y medidas de prevención que se deben estar implementando para poder desarrollar un plan de contingencias que evite un impacto mayor a las finanzas de esta manufactura, que al igual que el Federico Lleras, presenta varias demandas laborales en su contra.
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Cabe mencionar que hace tan solo un mes, el Tribunal Administrativo del Tolima, ordenó reintegrar a una funcionaria de la Fábrica de Licores del Tolima, que fue despedida de la empresa, cuando el gerente de esta, era el ahora alcalde de Honda Juan Guillermo Beltrán, quien incluso ya se pronunció sobre este particular, aduciendo que no tiene nada que ver con esta situación.
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Además de ser reintegrado, la mujer se encuentra recibiendo por orden judicial, una indemnización por despido injustificado superior a los 900 millones de pesos, los cuales se han realizado pagos de manera fraccionada hasta el mes de diciembre que se cumple la ultima fecha de plazo.
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