PAE Tolima
27 Ago 2025
01:38 PM
Asamblea del Tolima aprobó uso de ahorros pensionales para financiar el PAE
El dinero solo alcanza hasta el 26 de septiembre, sigue faltando el giro nacional.
El Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el Tolima atraviesa una coyuntura crítica que pone en riesgo la continuidad del servicio en el último trimestre del calendario escolar. Aunque la Asamblea Departamental del Tolima aprobó la reorientación de recursos provenientes de ahorros pensionales para cubrir un faltante cercano a los 15.000 millones de pesos, la medida solo garantiza la operación del programa hasta el 26 de septiembre.
La decisión de la corporación fue adoptada mediante dos ordenanzas: una por 4.000 millones de pesos y otra por 10.800 millones. Con estas adiciones, los diputados lograron cubrir el porcentaje de responsabilidad que tiene el departamento en la financiación del PAE, equivalente al 15 % del total. El objetivo principal era evitar que miles de estudiantes de instituciones educativas oficiales quedaran sin raciones de alimentación durante las jornadas escolares.
El diputado Felipe Ferro Lozano, ponente del proyecto, explicó que se trataba de una medida urgente para no interrumpir el servicio. “La decisión fue necesaria para no interrumpir el programa. Con estos recursos reorientados aseguramos que la alimentación escolar siga funcionando”, señaló el corporado en la plenaria de la Asamblea.
El PAE beneficia a más de 100 mil estudiantes en el Tolima, en su mayoría de zonas rurales y de estratos vulnerables, para quienes el complemento alimenticio representa un apoyo fundamental en su proceso de aprendizaje. Por esa razón, la eventual suspensión del programa ha generado preocupación entre padres de familia, docentes y directivos.
Pese al esfuerzo del departamento, la financiación de la mayor parte del programa corresponde al Gobierno Nacional, que debe asumir el 85 % de los recursos a través de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UAPA). En el caso del Tolima, ese compromiso asciende a más de 24.000 millones de pesos, dineros que hasta el momento no han sido girados.
El secretario de Educación del Tolima, Andrés Bedoya, precisó que con los recursos reorientados por la Asamblea solo se pudo garantizar la operación del programa hasta finales de septiembre. “Con estos casi 15.000 millones lo que hicimos fue garantizar la operación del PAE hasta el 26 de septiembre, no podemos llegar más allá. Si el Gobierno Nacional no pone los recursos que hemos venido solicitando, no será posible extendernos en octubre y noviembre”, explicó el funcionario.
El panorama es aún más complejo si se tiene en cuenta que, de llegar los recursos en septiembre, el proceso administrativo para su incorporación y la realización de una licitación pública tomaría al menos dos meses, lo que haría inviable ejecutar el programa antes de finalizar el año escolar. “Si los recursos llegaran en septiembre, la licitación apenas estaría lista en noviembre, cuando ya se acaba el calendario académico”, advirtió Bedoya.
Esta situación no es exclusiva del Tolima. De acuerdo con la Contraloría General de la República, otras 52 entidades territoriales del país se encuentran en la misma condición, a la espera de que la Nación gire los recursos necesarios para evitar la suspensión del PAE en octubre y noviembre.
El debate también se ha trasladado al ámbito nacional, donde algunos sectores han sugerido que la crisis del programa obedece a un supuesto “despilfarro de recursos”. Frente a esas afirmaciones, el secretario Bedoya fue enfático en rechazarlas. “Los problemas no se resuelven con afirmaciones simples y vagas. Aquí lo que se necesita son decisiones técnicas y recursos, y en este momento los departamentos estamos resolviendo solos la situación”, dijo.
Por ahora, la continuidad del PAE en el Tolima solo está asegurada hasta el 26 de septiembre. A partir de esa fecha, si no se concreta un giro de la Nación, miles de estudiantes quedarían sin el servicio en octubre y noviembre, justo en la recta final del calendario escolar.
La discusión ha dejado en evidencia la necesidad de un esquema de financiación más estable y sostenible para el programa. Diputados, autoridades educativas y la comunidad coinciden en que no es conveniente depender de decisiones coyunturales ni de reorientaciones presupuestales de carácter excepcional, como ocurrió con los ahorros pensionales.
Mientras tanto, padres de familia y docentes piden una pronta respuesta del Gobierno Nacional para garantizar la alimentación escolar, considerada un derecho fundamental para los menores y un factor clave en la permanencia educativa. La incertidumbre persiste, y el tiempo corre en contra de los más de 100 mil estudiantes que dependen del programa en el Tolima.
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Fuente
Alerta Tolima
