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Suministrada
18 Dic 2018 05:25 PM

Mariquiteños marcharon exigiendo la renuncia del Alcalde Alejandro Galindo

Alerta
Tolima
@AlertaTolima

La movilización que se realizó el pasado domingo 16 de diciembre por las principales vías del pueblo, contó con la participación de aproximadas 200 personas afectadas por el escándalo de estafa en el proyecto de vivienda Balcones del Prado, tuvo como objetivo principal exigir la renuncia del mandatario por su responsabilidad en varios actos de corrupción en esta localidad que se ubica al norte del departamento del Tolima.

Clemente Williams, una de las personas afectadas por el proyecto de vivienda que era liderado por la esposa del mandatario, Rosa Ángela Gutiérrez, aseguró que ha pasado un año prácticamente de la detención de la mujer y el proceso judicial no ha avanzado en gran medida como se esperaba al momento de realizarse la captura de la compañera sentimental de Galindo, quien al día de hoy permanece privada de su libertad.

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Williams afirmó que aunque la participación en la marcha fue baja, contando con tan solo 200 marchantes de los casi 1.300 afectados por la estafa de la que presuntamente estaría involucradas más personas, se puede afirmar que la asistencia fue mejor a otros episodios donde se han tratado de organizar a las personas y la respuesta ha sido mucho más baja.

Indicó el líder de la manifestación, que su propósito es poder inicialmente exigir no sólo la renuncia de Galindo, también llamar la atención, sobre lo que ha sido las demoras en la investigación, no sólo en el caso de Rosa Ángel Gutiérrez, también de la vinculación de casi siete personas más que estarían involucrados en un proceso de estafa, jugando con la esperanza de una vivienda propia y adueñándose de los dineros que fueron dados en pago por el predio que aparentemente se iba a entregar.

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Ante la ineficiencia de la propia Fiscalía en el proceso, han tenido que contratar cerca de 20 abogados para poder garantizar sus derechos y su representativo dado en este caso, pero cuestionando que las demoras del aparato judicial, puede derivar en gastos adicionales por el pago de honorarios a los  profesionales del derecho que han sido contratados.

Finalmente indicó que ya se está trabajando para poder llevar a otras instancias del estado este proceso, cuya génesis de la investigación fue ordenado por el propio gobierno nacional entonces presidente Juan Manuel Santos.