Gorky Muñoz
26 Dic 2025
09:24 AM
Procuraduría formula cargos contra exalcalde de Neiva por presuntas fallas en el PAE 2021
Las fallas habrían afectado continuidad, oportunidad y eficacia en la entrega de alimentación escolar.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, por presuntas irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante la vigencia 2021, un proceso que habría impactado de manera directa la atención alimentaria de niños, niñas y adolescentes beneficiarios del sistema educativo oficial del municipio.
La decisión fue adoptada por la Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal, tras evaluar los resultados de la actuación disciplinaria adelantada sobre la gestión del entonces mandatario local.
De acuerdo con el ente de control, Gorky Muñoz Calderón, quien ejerció como alcalde de Neiva entre los años 2020 y 2023, habría omitido garantizar la prestación continua, oportuna y efectiva del servicio de alimentación escolar, específicamente en la entrega de los kits alimentarios destinados a los estudiantes vinculados al PAE.
Estas presuntas omisiones se habrían presentado en un contexto especialmente sensible, marcado por la emergencia sanitaria derivada del covid-19, cuando el programa adquiría un carácter prioritario para asegurar la nutrición de la población escolar más vulnerable.
La Procuraduría indicó que, “durante el proceso contractual, se evidenciaron deficiencias en varios periodos del calendario académico de 2021. Entre ellos, se encuentran los lapsos comprendidos entre el 11 de enero y el 7 de febrero; del 23 de febrero al 10 de marzo; del 30 de marzo al 13 de junio; y, en el segundo semestre, del 2 de septiembre al 18 de noviembre”, indicó el ente.
Durante estos intervalos, según la investigación preliminar, los estudiantes no habrían recibido de manera regular las raciones alimentarias a las que tenían derecho, afectando la cobertura y continuidad del programa.
“Estas presuntas fallas no solo generaron interrupciones en la entrega de los kits de alimentación, sino que también comprometieron la finalidad social del PAE, diseñado como una herramienta fundamental para garantizar condiciones mínimas de permanencia escolar, bienestar y desarrollo integral de los menores”, agregó.
En un escenario de emergencia sanitaria, la falta de acceso oportuno a la alimentación habría profundizado situaciones de vulnerabilidad en miles de hogares neivanos.
Según el pliego de cargos, la conducta atribuida al exalcalde podría constituir una vulneración al principio de eficacia de la función administrativa, al no haberse adoptado las medidas necesarias para asegurar la correcta ejecución del programa.
Por esta razón, la Procuraduría calificó de manera provisional la presunta falta como grave, cometida a título de culpa grave, lo que implica que, sin existir intención directa, sí habría mediado una actuación negligente o un incumplimiento del deber funcional.
La investigación disciplinaria busca establecer con precisión si existieron fallas atribuibles a la administración municipal en la planeación, supervisión y ejecución de los contratos del PAE, así como determinar la responsabilidad del entonces alcalde en su calidad de máxima autoridad administrativa y garante del servicio público.
En este proceso se analizarán documentos contractuales, informes de ejecución, cronogramas de entrega y demás elementos probatorios que permitan esclarecer los hechos.
Desde la Procuraduría General de la Nación se reiteró que el Programa de Alimentación Escolar constituye un componente esencial de la política pública educativa y social del país, especialmente en contextos de crisis.
Por ello, el ente de control ha insistido en la necesidad de que las entidades territoriales adopten medidas eficaces para asegurar su correcta implementación, priorizando el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.
Con la formulación del pliego de cargos, se abre una nueva etapa dentro del proceso disciplinario, en la que el exmandatario podrá ejercer su derecho a la defensa y controvertir las imputaciones formuladas.
La Procuraduría continuará adelantando las actuaciones correspondientes para determinar si las presuntas irregularidades constituyen una falta disciplinaria sancionable, en el marco de su función constitucional de vigilancia y control de la gestión pública.
Fuente
Sistema Integrado de Información
