Vivienda Huila
Neiva es una de las poblaciones en las que se cumplirán estos proyectos.
RCN Radio
27 Nov 2022 03:12 PM

Consorcio se habría apropiado de tres mil millones de pesos para la construcción de vivienda de interés social en el Huila

Yamileth
Diaz Peña
Los recursos públicos estaban destinados a la construcción y mejoramiento de viviendas de interés social rural.

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos a los representantes legales de las empresas que integraron el consorcio GIVIS Huilas Ltda, por una presunta apropiación de recursos públicos destinados a la construcción y mejoramiento de viviendas de interés social rural en los municipios de Tarqui y Suaza, en Huila.

Mediante un comunicado se conoció que los afectados por los cargos son: Diana Paola Cedeño Chicaiza, Jaime Saavedra Perdomo y Adriana Marcela Peña, representantes legales de la Fundación para el Desarrollo de Colombia, Fundecol, la Cooperativa Creer en lo Nuestro y el consorcio GIVIS Huila, respectivamente.

Por su parte, la Procuraduría Regional de Instrucción de Huila los investiga porque al parecer habrían recibido, bajo la modalidad de gerencia integral, un poco más de tres mil millones de pesos, recursos que aparentemente no fueron utilizados en el desarrollo del proyecto, que incluía la construcción de 267 viviendas y el mejoramiento en saneamiento básico de otras 22.

En la investigación, el órgano de control evidenció que los dineros, fueron consignados en la cuenta corriente de una corporación financiera para que fueran administrados por el consorcio, aparentemente fueron girados a personas ​jurídicas y naturales diferentes al contratista y la empresa interventora. 

Los investigados aparentemente “permitieron que los recursos entregados para el desarrollo del objeto no se ejecutaran en debida forma, puesto que se apropiaron de los mismos a través de maniobras fraudulentas, tales como permitir que a miembros de una misma familia se les giraran y cobraran los dineros públicos destinados a las soluciones de vivienda", sostuvo la Procuraduría en el pliego de cargos.

Por esos hechos, el Ministerio Público calificó la presunta conducta de los investigados como una falta gravísima cometida a título de dolo. Jaime Saavedra Perdomo y Adriana Marcela Peña fueron afectados por dos cargos disciplinarios.

Fuente
Sistema Integrado de Información