Imagen de Archivo
Uno de los argumentos para la creación del estado moderno era evitar la concentración de poder en pocas manos. Entonces se inventaron la separación de poderes. Y que, por los famosos contrapesos, entre ellos mismos se equilibrarían. Desde esa época se pensó que el poder judicial debía ser independiente para evitar que los legisladores y los gobernantes al manejar la justicia abusaran de su poder y se convirtieran en inmunes frente a la ley. Eso es lo que enseña la teoría. Pero la práctica es otra cosa.
El Fiscal general es de origen político. La Corte Suprema de justicia lo elige de una terna presentada por el Presidente de la República. Y el Presidente tiene en cuenta los partidos políticos que forman la coalición de gobierno para escoger los candidatos para ser ternados. Los magistrados de la Corte Constitucional son elegidos por el senado de ternas presentadas por el Presidente, el Consejo de Estado y la Corte Suprema. Este cordón umbilical entre la política y la justicia funciona también en la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Todo este maridaje de la política y la justicia, empeoró con el famoso cambio del “articulito” que dio vía libre a la reelección.
Este vínculo política y justicia es dañino para la institucionalidad del país. El caso reciente del exgobernador Fernando Osorio y del gobernador Oscar Barreto permiten colegir que las uñas de la politiquería decidieron mostrar su poder. ¿Por qué este famoso convenio Andrés Bello firmado hace 10 años, en menos de un mes se desempolva, se revive y a toda carrera se decide pedir medidas de aseguramiento contra los implicados? ¿Quién ordenó refundir entre los anaqueles ese proceso para que durara casi una década durmiendo el sueño de la inoperancia? ¿Quién decidió apretar el acelerador ahora? Porque si se revisa con detalle el caso, lo que se buscaban eran consecuencias políticas.
La pretensión mayor era desestabilizar la gobernación logrando la medida de aseguramiento del gobernador Barreto. La Fiscalía en una inusual eficacia corrió a acusar. En la primera audiencia se notó la improvisación del representante del ente acusador. Fue tanta que el magistrado que la presidia le llamó la atención. En la formulación de los cargos se acudió a argumentos poco sustentados y sopesados. Se notaba que había urgencia en acusar y solicitar que el mandatario regional saliera de su cargo. El tufillo politiquero era fácilmente detectable.
Lo que no contaban era con la independencia de un magistrado garantista. Formado en una escuela académica que ha querido preservar y hacer respetar el derecho y la ley. Por eso falló en derecho. Ahora vendrán los tiempos para descargos y controvertir pruebas. Pero los afanes ya pasaron. Los enemigos de la administración departamental que se relamían los bigotes porque, como se dice en el billar, “la tacada era maestra”, ahora tratan de entender qué les fallo, si lo tenían a “tiro de escopeta”.
Pero la politiquería no está vencida. Ya debe estar pensado en nuevos planes y urdiendo nuevas estrategias jurídicas para buscar acceder al poder. Las aguas están ahora calmadas, pero se avecinan tempestades aupadas por los vientos de la politización de la justicia. La politiquería no descansa…
[soundcloud url="https://api.soundcloud.com/tracks/311726387" params="color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false" width="100%" height="166" iframe="true" /]
