Tribunal ordena destitución del presidente del concejo de Ortega
Luis Eduardo Suárez, enfrenta una decisión judicial que podría sacarlo del cargo
El panorama político de Ortega vivió un terremoto judicial luego de que el Tribunal Administrativo del Tolima ordenara la pérdida de investidura del presidente del Concejo Municipal, Luis Eduardo Suárez, un dirigente que en los últimos meses había sido protagonista de una serie de polémicas que terminaron por enredar su permanencia en el cargo. El fallo, dado a conocer en primera instancia, no solo remueve a uno de los actores políticos más visibles del municipio, sino que reabre el debate sobre el manejo ético en las corporaciones públicas y el impacto que tienen los comportamientos personales de los funcionarios en su legitimidad.
La decisión surgió a raíz de una demanda interpuesta por la veeduría Tolima Despierta, la cual sostuvo que Suárez habría incurrido en conflicto de intereses al participar en la elección del secretario general del Concejo sin declararse impedido. Según los argumentos expuestos, el funcionario habría favorecido a una persona con la que mantenía vínculos políticos directos, una conducta que, de comprobarse en todas las instancias, constituye una falta grave en el ejercicio corporativo.
Para la veeduría y los sectores que impulsaron la acción, lo ocurrido refleja un patrón de irregularidades administrativas que deben ser sancionadas con severidad para proteger la transparencia en las decisiones que afectan la gestión local. La ley es precisa: los concejales deben abstenerse de intervenir en asuntos donde exista una relación que pueda comprometer su imparcialidad. En este caso, el Tribunal encontró elementos suficientes para ordenar su destitución.
Sin embargo, el conflicto de intereses no fue el único detonante. La demanda también incorporó un capítulo relacionado con los ataques de tono machista que Suárez lanzó recientemente contra la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, declaraciones que causaron un profundo rechazo entre colectivos de mujeres, dirigentes políticos y ciudadanía en general. Aunque este comportamiento no fue la causal central del fallo, sí configuró un contexto que puso en entredicho la idoneidad ética del concejal y amplificó la presión pública sobre su ejercicio.
La controversia se instaló rápidamente en la opinión pública local, donde distintos sectores consideraron que los comentarios del concejal no solo fueron irrespetuosos, sino que también revelaban un estilo de liderazgo que normaliza la violencia simbólica contra las mujeres, un tema especialmente sensible en una región donde se han promovido políticas de equidad y prevención de las violencias de género.
Aun así, la batalla jurídica no está cerrada. Suárez tiene la posibilidad de apelar ante el Consejo de Estado, última instancia que deberá revisar si los argumentos del Tribunal se ajustan plenamente a la normatividad y a los hechos probados. De fallar en su defensa, el concejal quedaría retirado de su curul de manera inmediata y enfrentaría una inhabilidad de largo alcance, que le impediría aspirar nuevamente a cargos en corporaciones públicas como concejos, asambleas, alcaldías o gobernaciones.
Para analistas políticos del departamento, este fallo se convierte en un precedente contundente dentro de la política local. No solo por el impacto directo que tiene sobre la estructura del Concejo de Ortega, sino porque envía un mensaje claro en un escenario preelectoral: los organismos de control están dispuestos a hacer cumplir estrictamente el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, y la ciudadanía observa con mayor rigurosidad el comportamiento público y privado de quienes ocupan cargos de representación.
Además, el caso exhibe una realidad que trasciende a Ortega: la mezcla entre prácticas políticas cuestionables y comportamientos que atentan contra la dignidad de las mujeres ya no pasan desapercibidos ni social ni judicialmente. Hoy, ambos factores pesan sobre la legitimidad de los líderes que buscan sostenerse en el poder.
En el municipio, mientras tanto, el ambiente es de expectativa. Algunos sectores del Concejo advierten que la salida de Suárez podría desencadenar reacomodos políticos significativos, mientras otros aseguran que lo ocurrido era inevitable ante el cúmulo de cuestionamientos. Lo cierto es que la política local enfrenta ahora un escenario de transición, donde la institucionalidad será puesta a prueba y donde, una vez más, la legalidad se convierte en el eje del debate.
Con este fallo, Ortega no solo pierde a su presidente del Concejo: gana un recordatorio de la importancia de actuar con transparencia, de evitar decisiones marcadas por intereses personales y de comprender que la violencia en el discurso también tiene consecuencias en la vida pública.
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Alerta Tolima
