Gobernadora del Tolima se une a las voces que claman justicia: "Cada 48 horas perdemos un niño ante el crimen"

Cifras que duelen: la radiografía de un país herido

El general retirado William René Salamanca presentó datos que estremecen hasta la fibra más profunda de cualquier sociedad civilizada. En Colombia, un menor de edad es reclutado cada 48 horas. Esta frecuencia, que podría sonar abstracta, cobra dimensiones aterradoras cuando se traduce en nombres y apellidos: 463 casos reportados, de los cuales 279 corresponden a niños y 184 a niñas.

Sin embargo, las cifras no terminan ahí. Durante 2025, se realizaron 2.900 capturas de individuos vinculados con delitos sexuales contra menores de edad, mientras que 12.024 niñas, niños y adolescentes fueron rescatados y protegidos de situaciones de reclutamiento o explotación. Cada número representa una historia truncada, una infancia robada, un proyecto de vida desviado hacia los senderos más oscuros del conflicto.

La instrumentalización de los menores abarca múltiples frentes criminales: minería ilegal, movilización de insumos para el procesamiento de drogas, microtráfico, explotación sexual y su uso como armas de guerra. Esta diversificación criminal demuestra que los grupos armados han convertido a los niños en una especie de "materia prima" versátil para sus actividades delictivas.

El liderazgo regional frente a la crisis institucional

Erasmo Zuleta Bechara, presidente de la FND y gobernador de Córdoba, puso el dedo en la llaga al advertir sobre los riesgos que la inseguridad representa para la institucionalidad del país. Sus palabras adquieren particular gravedad cuando revela que durante el año han sido asesinados y heridos más de 500 miembros de las Fuerzas Militares y de Policía, cifra que representa un incremento superior al 150% respecto al mismo período del año anterior.

Esta escalada de violencia no es un fenómeno aislado, sino el síntoma de una crisis más profunda que amenaza los cimientos mismos del Estado. Sin embargo, Zuleta Bechara mantuvo un tono propositivo al enfatizar que los gobernadores "nos mantenemos dispuestos y seguiremos trabajando, con la esperanza en que el gobierno entienda que el bien superior de la nación es buscar la tranquilidad y el desarrollo social, ambiental y económico de los colombianos".

La transversalidad del problema de seguridad fue destacada por Didier Tavera, director ejecutivo de la FND, quien señaló que "la seguridad es transversal al desarrollo, si se flaquea o se falla en esta, no hay crecimiento en ningún sector, ni condiciones sociales, económicas y ambientales favorables". Sus palabras encierran una verdad fundamental: sin seguridad, cualquier esfuerzo de desarrollo se convierte en castillo de naipes.

La gestión del riesgo: entre la naturaleza que avisa y el Estado que llega tarde

La naturaleza no espera a que los gobiernos estén preparados para manifestarse. La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, lo expresó con claridad meridiana: "la naturaleza avisa y a la naturaleza hay que prestarle atención". Su reflexión pone de relieve una de las grandes falencias del sistema colombiano de gestión de riesgos: la concentración exclusiva en la reacción posterior a los desastres, descuidando la prevención.

Los sistemas de alertas tempranas, según Matiz, requieren "constante mantenimiento y actualización", pero los recursos de las entidades territoriales resultan insuficientes para esta tarea crucial. Además, las transferencias desde el gobierno central suelen llegar cuando ya es demasiado tarde, como lo ilustra dolorosamente el caso de La Mojana.

Lucy García, gobernadora de Sucre, narró con amargura cómo "La Mojana dejó de ser esa región productiva y rica donde convergen cinco departamentos para convertirse en una región desolada por las inundaciones". Su testimonio revela un proceso de atención que lleva once años sin resolverse definitivamente, agravado por crisis institucionales que paralizan las obras de infraestructura de mitigación.

El oriente colombiano: víctima del abandono estatal

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, alzó su voz para protestar por la falta de atención que el Estado central le presta a su región. El colapso frecuente de las vías principales no solo afecta la movilidad hacia el oriente del país, sino que golpea duramente al sector productivo que transporta cientos de productos hacia diferentes regiones.

Esta desconexión física se convierte en una metáfora del aislamiento que sienten muchos territorios respecto a las decisiones del gobierno central. Sin embargo, el problema trasciende lo simbólico: cuando las vías colapsan, se interrumpen cadenas productivas, se encarecen los alimentos y se profundizan las brechas regionales que alimentan el descontento social.

La insuficiencia de recursos para la gestión del riesgo, denunciada por Cortés, refleja una priorización equivocada de las inversiones públicas. Mientras se destinan millonarias sumas a proyectos de dudosa efectividad, las regiones carecen de la maquinaria amarilla y las capacidades técnicas necesarias para prevenir desastres que, cuando ocurren, cuestan mucho más que su prevención.

El crimen organizado: aprovechando las fracturas institucionales

Didier Tavera identificó una dinámica perversa que alimenta el fortalecimiento de los sistemas criminales: "cuando los sistemas criminales encuentran fracturas entre el gobierno y las regiones, se fortalecen". Esta observación encierra una lección estratégica fundamental: la desarticulación institucional no es solo un problema de eficiencia administrativa, sino una vulnerabilidad que los grupos armados explotan sistemáticamente.

La fragmentación entre el nivel nacional y los gobiernos subnacionales crea espacios de ingobernabilidad que los criminales llenan con sus propias estructuras de poder. Además, esta desarticulación impide la implementación de estrategias integrales que requieren coordinación entre diferentes niveles de gobierno para ser efectivas.

El llamado de Tavera a trabajar "en equipo entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales" no es una frase protocolar, sino una necesidad estratégica para enfrentar amenazas que operan de manera coordinada y aprovechan cualquier fisura en la respuesta estatal.

Más allá de las estadísticas: el drama humano detrás de los números

Cada cifra presentada en la cumbre representa vidas concretas, familias destruidas, comunidades aterrorizadas. Los 463 casos reportados de reclutamiento infantil no son abstracciones estadísticas, sino tragedias humanas que comprometen el futuro del país. Sin embargo, detrás de cada niño reclutado hay también una familia que sufre, una escuela que queda vacía, una comunidad que pierde esperanza.

La diversidad de formas en que se explota a los menores —desde la minería ilegal hasta la explotación sexual— revela la sofisticación criminal de estos grupos, pero también la vulnerabilidad extrema en que se encuentran los niños de las regiones más apartadas. Además, esta versatilidad criminal indica que los grupos armados han desarrollado una visión estratégica de largo plazo que utiliza a los menores como recurso renovable para sus actividades ilícitas.

El desafío de la gobernanza integral

La cumbre de Chocó dejó en evidencia que los desafíos que enfrenta Colombia requieren respuestas que trasciendan los sectarismos políticos y las divisiones administrativas. La seguridad, la gestión del riesgo y la protección de la infancia son temas que exigen una gobernanza integral donde el sector público, privado y comunitario trabajen de manera coordinada.

La transversalidad de estos problemas demanda soluciones igualmente transversales. No basta con fortalecer las fuerzas militares si no se atienden las causas estructurales que hacen vulnerables a los menores al reclutamiento. Sin embargo, tampoco es suficiente implementar programas sociales si no existe la seguridad mínima para que funcionen efectivamente.

La cumbre de Chocó marcó un momento de inflexión en las relaciones entre el centro y las regiones. Los gobernadores no solo denunciaron problemas, sino que reclamaron su lugar como actores fundamentales en la construcción de soluciones. Además, su mensaje al gobierno nacional fue claro: Colombia no puede seguir tolerando que cada 48 horas se pierda un niño en las redes del crimen organizado. La hora de actuar es ahora, antes de que sea demasiado tarde para toda una generación de colombianos.

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