Gobernadora del Tolima afirma que la UNP no le ha brindado atención ante amenazas
27 Oct 2025
03:22 PM
Gobernadora del Tolima afirma que la UNP no le ha brindado atención ante amenazas
La mandataria reveló que solo cuenta con un escolta y una camioneta blindada que debe pagar el gobierno departamental
La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, denunció que la Unidad Nacional de Protección (UNP) no le ha brindado la atención ni las garantías necesarias para salvaguardar su vida, a pesar de enfrentar constantes amenazas derivadas de su lucha contra estructuras armadas ilegales en el departamento.
Según explicó, el esquema de seguridad asignado por la UNP se limita a un solo agente de protección y a una camioneta blindada cuyo costo, además, debe ser asumido por el gobierno departamental. “Nos asignaron un hombre de seguridad y un vehículo blindado que debemos pagar con recursos del Tolima”, reveló la mandataria, al señalar que el convenio para cubrir ese gasto aún se encuentra en trámite.
Matiz aseguró que las amenazas en su contra se han intensificado en los últimos meses, especialmente después de los operativos adelantados en conjunto con la Fuerza Pública contra las disidencias de las FARC y otras estructuras criminales que intentan mantener presencia en municipios como Rovira, Roncesvalles y San Antonio.
“En el Tolima hemos realizado más de 200 operaciones contra estructuras delincuenciales, 31 de ellas directamente contra las disidencias de las FARC. Hemos logrado neutralizar a varios de sus cabecillas y afectar sus finanzas ilegales”, explicó la gobernadora, destacando el trabajo articulado entre el Ejército, la Policía y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
Entre los jefes de organizaciones neutralizados mencionó a alias Cancharino, Capotillo, Libardo González, May, Millar y Julián, quienes, según la mandataria, hacían parte de redes dedicadas a controlar corredores de movilidad y extorsión en el sur del departamento. “Estos resultados son producto de un esfuerzo sostenido por recuperar la tranquilidad en las zonas rurales, pero también han incrementado el nivel de riesgo para nosotros”, advirtió.
Preocupación por el deterioro del orden público
Matiz señaló que su mayor preocupación no es únicamente personal, sino por la situación de orden público en varias regiones del país. Aseguró que los recientes hechos de violencia son consecuencia del avance de estructuras armadas que han intentado expandirse hacia el centro del país, mientras las autoridades locales hacen frente con recursos limitados y sin el apoyo de protección adecuado.
“Estamos viviendo un deterioro del orden público en distintas zonas, y eso exige un respaldo más fuerte del Gobierno Nacional. Los mandatarios regionales recorremos los territorios, enfrentamos amenazas directas y no contamos con esquemas de protección acordes a esa realidad”, expresó.
La gobernadora insistió en que no se trata solo de proteger su vida, sino de garantizar el ejercicio institucional en regiones donde los grupos ilegales buscan socavar la presencia del Estado. “Proteger a los gobernadores, alcaldes y funcionarios en riesgo no es un privilegio, es una necesidad para mantener la gobernabilidad y la confianza de la gente”, subrayó.
Llamado urgente al Gobierno Nacional y la UNP
La denuncia de la mandataria tolimense reaviva el debate sobre la capacidad de la Unidad Nacional de Protección para atender los casos de riesgo de los mandatarios locales. En departamentos como Tolima, Cauca o Nariño, los esquemas de seguridad suelen ser limitados, a pesar de que las amenazas provienen de grupos con capacidad armada y control territorial.
“Pedimos una revisión urgente de los esquemas de protección. No puede ser que una gobernadora que enfrenta de frente a las disidencias solo cuente con un escolta y un vehículo blindado que debe pagar su propio departamento”, enfatizó.
A pesar de las intimidaciones, Adriana Magali Matiz aseguró que continuará al frente del plan regional de seguridad, que ha permitido contener el avance de las disidencias y mejorar los indicadores de convivencia en el departamento. “Seguiremos trabajando con las fuerzas militares y de policía por la tranquilidad de los tolimenses. No vamos a dar un paso atrás frente a la delincuencia”, concluyó.
La declaración de la gobernadora se suma a las advertencias de otros mandatarios regionales sobre la falta de atención de la UNP ante el aumento de amenazas en varias zonas del país. Por ahora, se espera una respuesta del Gobierno Nacional que garantice condiciones reales de protección para quienes, desde los territorios, encabezan la lucha contra las estructuras armadas ilegales.
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Fuente
Alerta Tolima
