Alcalde
21 Jul 2025
03:50 PM
La justicia llega a Rovira: exalcalde condenado por tejer una red de corrupción con contratos ficticios
El Juzgado Segundo Penal de Ibagué condenó al exmandatario por múltiples delitos relacionados con un contrato ficticio de 2015.
La corrupción administrativa en los municipios tolimenses recibió un golpe contundente con la condena ejemplar impuesta por el sistema judicial contra Diego Andrés Guerra Quintero, exalcalde de Rovira, quien deberá cumplir una pena de 10 años y 4 meses de prisión por haber estructurado un esquema fraudulento que involucró contratos ficticios, falsificación de documentos y apropiación indebida de recursos públicos durante su administración municipal en 2015.
El fallo emitido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ibagué representa la culminación de un extenso proceso judicial que logró demostrar, mediante múltiples pruebas documentales y testimoniales, cómo el entonces mandatario local diseñó y ejecutó un complejo entramado de irregularidades administrativas para beneficiarse personalmente de los dineros destinados al desarrollo municipal.
La anatomía de un esquema corrupto
Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación revelaron que Guerra Quintero suscribió un contrato por 18 millones de pesos con Edgar Aquiles Ratti Acosta, supuestamente destinado a realizar un estudio técnico sobre la estructura organizacional del municipio de Rovira. Sin embargo, este convenio se convirtió en el vehículo perfecto para materializar un esquema de defraudación que comprometió gravemente los recursos públicos locales.
La ejecución del contrato presentó irregularidades desde su inicio, ya que apenas se cumplió de manera parcial con las obligaciones estipuladas en el documento contractual. No obstante, el exalcalde certificó fraudulentamente el cumplimiento total de todas las actividades contempladas en el convenio y autorizó el desembolso completo del dinero restante, generando un perjuicio directo al erario municipal y violando principios fundamentales de la contratación pública.
Falsificación documental y maniobras irregulares
El entramado fraudulento diseñado por Guerra Quintero incluyó la falsificación sistemática de documentos oficiales para ocultar las irregularidades del proceso contractual. Las evidencias judiciales demostraron que el exmandatario alteró registros administrativos, modificó informes de supervisión y creó documentación apócrifa para respaldar sus decisiones irregulares ante eventuales controles institucionales.
Adicionalmente, el exalcalde realizó una reasignación irregular de la supervisión del contrato, removiendo de sus funciones al funcionario originalmente designado y asignando esta responsabilidad a personas de su confianza que facilitaron la consumación del fraude. Esta maniobra le permitió ejercer control total sobre el proceso de certificación y autorización de pagos sin interferencias técnicas o administrativas.
Apropiación personal de recursos públicos
La consumación del esquema corrupto se materializó cuando Guerra Quintero logró apropiarse personalmente de los recursos públicos a través de una operación financiera irregular que involucró el cobro de un cheque endosado a nombre del conductor de la Alcaldía municipal. Esta maniobra evidenció la sofisticación del plan fraudulento y la participación de terceras personas en la ejecución del esquema delictivo.
El beneficio económico obtenido por el exmandatario no solo representó un daño patrimonial directo al municipio, sino que también comprometió la ejecución de programas y proyectos destinados al bienestar de la comunidad rovireña. Los recursos desviados fraudulentamente habrían podido financiar iniciativas de desarrollo social, infraestructura o servicios públicos que mejoraran la calidad de vida de los ciudadanos.
Un catálogo completo de delitos contra la administración pública
El pronunciamiento judicial estableció la responsabilidad penal de Diego Guerra Quintero en múltiples conductas delictivas que configuran un ataque sistemático contra la probidad administrativa. El juez lo declaró culpable de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, delito que sanción la omisión de procedimientos obligatorios en la contratación estatal y la vulneración de principios de transparencia y competencia.
La condena también incluyó el delito de interés indebido en la celebración de contratos, conducta que castiga el aprovechamiento de la posición oficial para obtener beneficios personales en procesos contractuales. Asimismo, se estableció su responsabilidad por peculado por apropiación, figura penal que sanciona la utilización indebida de bienes o recursos públicos por parte de servidores públicos para fines distintos a los institucionales.
Falsedad ideológica: la construcción de una realidad paralela
Uno de los aspectos más graves de la conducta delictiva de Guerra Quintero fue la comisión reiterada del delito de falsedad ideológica en documento público. Esta conducta implica la alteración de la verdad en documentos oficiales, creando una versión distorsionada de los hechos administrativos para ocultar irregularidades y facilitar la consumación de otros delitos contra el patrimonio público.
La falsedad ideológica se materializó en múltiples oportunidades durante el desarrollo del esquema corrupto, evidenciando un patrón sistemático de alteración de la realidad administrativa. Cada documento falseado representó un eslabón adicional en la cadena delictiva que permitió la consolidación del fraude y dificultó las labores de control y seguimiento institucional.
Absolución parcial y reconocimiento de garantías procesales
El tribunal decidió absolver a Guerra Quintero del delito de falsedad material en documento público, al considerar que las pruebas aportadas por la Fiscalía no lograron demostrar de manera inequívoca que el exalcalde hubiera ejecutado directamente las alteraciones físicas en los documentos oficiales. Esta decisión evidencia el rigor probatorio aplicado por el juzgador y el respeto por el principio de presunción de inocencia en aquellos aspectos no completamente demostrados.
La absolución parcial no modifica sustancialmente la gravedad de la condena impuesta, pero sí refleja la aplicación equilibrada de la justicia penal y el reconocimiento de que la responsabilidad criminal debe fundamentarse en pruebas contundentes e inequívocas. Este enfoque fortalece la legitimidad del fallo y garantiza que la sanción impuesta corresponda exactamente a los hechos probados durante el juicio.
Sanciones económicas y inhabilitación para ejercer funciones públicas
Además de la pena privativa de la libertad, Guerra Quintero deberá cancelar una multa equivalente a 121 salarios mínimos legales vigentes, sanción económica que busca generar un efecto disuasivo y reparar parcialmente el daño causado al erario público. Esta medida complementa la sanción penal principal y refuerza el mensaje de que la corrupción administrativa tiene consecuencias económicas significativas para quienes incurren en estas conductas.
La sentencia también estableció la inhabilitación del exalcalde para ejercer derechos y funciones públicas durante 124 meses, período que coincide con la duración de la pena principal impuesta. Esta medida busca proteger la administración pública de la reincidencia delictiva y garantizar que personas con antecedentes de corrupción no puedan acceder nuevamente a posiciones de responsabilidad institucional.
Implicaciones para otros posibles responsables
El juez ordenó compulsar copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación para que se inicien investigaciones contra otros posibles implicados por presunto falso testimonio y fraude procesal durante el desarrollo del juicio. Esta decisión sugiere que el esquema corrupto podría haber involucrado a un número mayor de personas y que existen indicios de obstaculización de la justicia durante el proceso penal.
La ampliación de las investigaciones hacia otros posibles responsables demuestra que la lucha contra la corrupción no se agota con la condena del funcionario principal, sino que busca desarticular completamente las redes delictivas y sancionar a todos quienes participaron en la consumación de los delitos o en el encubrimiento posterior de las conductas irregulares.
La condena de Diego Andrés Guerra Quintero representa un mensaje contundente del sistema judicial sobre las consecuencias inevitables de la corrupción administrativa y ratifica el compromiso institucional con la defensa del patrimonio público y la transparencia en la gestión municipal.
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Alerta Tolima
