Jesús Antonio Giraldo Vega
Jesús Antonio Giraldo Vega
Suministrada
30 Abr 2020 03:17 PM

Imputaron al Alcalde de El Líbano por supuestas irregularidades en celebración de convenio del PAT

Samuel
Barreto Bonilla
@samuelbarreto33
También fueron imputados otros dos funcionarios. 

El Alcalde de El Líbano, Jesús Antonio Giraldo Vega, fue imputado en las últimas horas por la Fiscalía, por su presunta responsabilidad en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y prevaricato por omisión.

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El burgomaestre está investigado por varias irregularidades ocurridas en 2012, cuando también era alcalde de esta municipalidad. Las inconsistencias están relacionadas con un convenio firmado los últimos días de ese año para la implementación y formulación del Plan de Acción Territorial (PAT).

Al mismo tiempo, un fiscal adscrito al grupo de Administración Pública de la Seccional Tolima, imputó al secretario general y del interior que fungía para la epoca, Humberto Lozano Moros; y al representante legal de la Fundación de Familias de Desplazados por un Nuevo Amanecer, Jorge Eliecer Vásquez Lamilla, con quien se celebró el contrato que jamás se ejecutó.

La investigación se centró en el Convenio 201 del 1 de diciembre del año 2012 que tenía por objeto: “aunar esfuerzos para la implementación y formulación del Plan de Acción Territorial (PAT)”, por valor de $7.500.000.

En medio de las pesquisas adelantadas por los funcionarios del Grupo Anticorrupción del CTI, se puso en evidencia las inconsistencias que se reflejaban en la nula existencia de estudios previos adecuados para el convenio. 

Por estos motivos, se violó el principio de planeación, sumado a que se realizó la evaluación de idoneidad, experiencia y capacidad de la fundación contratante, infringiendo así el principio de selección objetiva. Por otro lado, también se realizó la liquidación de las actividades del contrato sin que estas se hubieran ejecutado dentro de los plazos pactados. 

El prevaricato se configuró puesto que Lozano Moros, quien hoy en día es abogado de la Defensoría Pública y que para el 2012 era supervisor del contrato, al parecer, no realizó el seguimiento y la vigilancia adecuado al cumplimiento de los objetos contractuales, que según se comprobó, no se efectuaron.

Respecto a lo relacionado con el Punible de Peculado, este se imputó en relación a que suscribió el acta de pago 01 del 10 diciembre del año 2012, se libró y se pagó la orden de pago 1.854 del 29 de diciembre del mismo año a favor de Vásquez Lamilla, sin que él, ni la fundación ejecutaran las actividades, como se indicó anteriormente.

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Esta información la dio a conocer la Fiscalía General de la Nación Seccional Tolima por medio de un comunicado de prensa donde se dio a conocer que a falsedad se les endilgó, teniendo en cuenta que, los peritos descubrieron que los investigados habrían extendido el acta de liquidación del Convenio 201 y el acta de pago 01; ambas con fecha del 10 diciembre, afirmando que los trabajos se habían realizado, aun cuando no correspondió a la realidad.

Al final de la audiencia ninguno de los imputados aceptó los cargos enrostrados por el ente judicial.