
Procuraduría investiga presuntas irregularidades en laboratorio de salud pública de Caquetá
La Procuraduría General de la Nación inició una indagación previa en contra de funcionarios por determinar de la Gobernación de Caquetá, ante posibles irregularidades en la infraestructura del laboratorio de salud pública del departamento, que a la fecha sigue sin ser entregado y no ha entrado en funcionamiento.
Esta situación ha generado inquietudes en torno a la ejecución del contrato y al uso de los recursos públicos invertidos en un proyecto que, según las denuncias, no cumple con las condiciones necesarias para su operación. El laboratorio, cuyo costo supera los 17.800 millones de pesos, debía convertirse en un centro estratégico para el diagnóstico y monitoreo de enfermedades, análisis de calidad del agua, y otras funciones esenciales para la salud pública del departamento.
Sin embargo, según lo que ha logrado establecer el Ministerio Público, existen posibles inconsistencias en la construcción que han llevado a que la actual administración departamental se niegue a recibir la obra. Como resultado, no se han realizado los giros económicos correspondientes, ni se ha procedido con la liquidación del contrato de obra, lo que deja en el limbo una infraestructura clave para el sistema de salud en la región.
De acuerdo con el órgano de control, la situación podría derivar en responsabilidades disciplinarias tanto para la interventoría encargada de supervisar el contrato, como para los funcionarios públicos responsables de vigilar el cumplimiento de los términos pactados.
La Procuraduría advirtió que el hecho de que el laboratorio no haya entrado en operación, a pesar de haber culminado la fase constructiva, podría representar una falta grave en la ejecución del proyecto y una vulneración al principio de eficacia en el uso de recursos públicos.
Por esa razón, el ente de control ordenó la práctica de pruebas documentales que permitan conocer en detalle cómo se dio la etapa precontractual del proceso, es decir, desde la planeación y asignación del contrato, hasta la ejecución y supervisión del mismo.
En medio del proceso, se analizarán también los informes entregados por la interventoría y los órganos de control interno de la Gobernación de Caquetá, que permitan evaluar si las alertas sobre las posibles fallas fueron oportunamente advertidas y qué tipo de acciones se adoptaron desde la administración departamental para garantizar que la obra cumpliera con los estándares necesarios.
Organizaciones sociales y ciudadanos del departamento han expresado su preocupación por lo que consideran un elefante blanco más en el sector de la salud, en una región donde el acceso a servicios médicos especializados es limitado y donde contar con un laboratorio funcional podría marcar la diferencia en la atención oportuna de múltiples emergencias sanitarias.
La Procuraduría aseguró que mantendrá el seguimiento a este caso y que, de hallar méritos suficientes, podría abrir una investigación disciplinaria formal contra los responsables. Asimismo, insistió en la importancia de garantizar la transparencia en la contratación estatal y de prevenir el uso indebido de recursos que afectan directamente el bienestar de la ciudadanía.
Mientras avanza la indagación, el laboratorio de salud pública sigue sin operar, y con él, se aplaza la posibilidad de mejorar la capacidad diagnóstica y epidemiológica del Caquetá, en un contexto donde el sistema de salud requiere de infraestructuras fuertes y funcionales para atender las necesidades de la población.