Alcalde Palestina, Huila 2025
Lo anterior por presunta violencia intrafamiliar contra su esposa embarazada.
La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el alcalde de Palestina, Huila, Juan Diego Pineda Rodríguez, por presuntamente haber abusado de su cargo como servidor público para incurrir en hechos de violencia física, verbal, psicológica y económica en contra de su esposa.
Según la investigación adelantada por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Garzón, los episodios de maltrato habrían ocurrido de manera reiterada entre febrero y julio de 2024, tanto en la residencia del mandatario como en el despacho oficial de la alcaldía.
De acuerdo con el órgano de control, Pineda Rodríguez no solo habría actuado como agresor en el ámbito familiar, sino que también habría aprovechado su investidura de alcalde para intimidar, humillar y ejercer control sobre su compañera permanente.
Estas conductas, aparentemente sostenidas en el tiempo, generaron en la víctima un estado de miedo y zozobra que finalmente la llevó a desplazarse a la Casa de la Mujer en Bogotá para recibir atención y protección, lejos del municipio donde debía encontrar garantías de seguridad.
La Procuraduría calificó como especialmente grave la situación, dado que un funcionario público, y más aún la primera autoridad de un municipio, tiene el deber de ser ejemplo de respeto, convivencia y rechazo a cualquier forma de violencia basada en género.
En palabras del ente disciplinario, la conducta atribuida al alcalde “está en contravía de lo que se espera de un servidor público, quien debe tratar a su familia con dignidad, respeto y consideración, ser un modelo de convivencia y mantener principios éticos en armonía con su labor como mandatario”.
Los testimonios recabados en la investigación señalan que desde enero de 2024, el alcalde habría utilizado expresiones soeces contra su esposa, además de provocarle lesiones físicas en rostro, cuello y abdomen. La violencia no se habría limitado a lo verbal y físico, sino que también incluyó episodios de maltrato psicológico y económico, restringiendo la autonomía de la víctima e imponiendo dinámicas de control.
Un aspecto que agrava la situación, según lo documentado por la Procuraduría, es que la mujer denunció sentirse doblemente vulnerable debido al poder institucional de su esposo. En uno de los episodios narrados, luego de advertirle que lo denunciaría por los maltratos, el alcalde le habría respondido que no tenía nada que temer, ya que “era la palabra de él contra la de ella” y que, al ser la máxima autoridad municipal, contaba con el poder para imponerse.
Estas declaraciones refuerzan, según el órgano de control, la hipótesis de que el mandatario habría instrumentalizado su cargo para perpetuar una relación de sometimiento.
La Procuraduría continuará con el proceso disciplinario en contra del mandatario, mientras la denuncia penal avanza en los estrados judiciales. Este caso se convierte en un nuevo llamado de atención sobre la necesidad de erradicar todas las formas de violencia basada en género, incluso y de manera especial cuando los presuntos responsables ostentan cargos de poder y autoridad pública.
Fuente
Sistema Integrado de Información
