justicia 2025
12 Jun 2025
10:51 AM
“Más del 50% de los delincuentes vuelven y quedan libres, tenemos un sistema penal muy permisivo”: SecreGobierno
A pesar del trabajo operativo de la Policía, con hasta ocho capturas diarias en Neiva, muchos de los detenidos recuperan la libertad rápido.
La inseguridad en Neiva ha dejado de ser solo una preocupación ciudadana para convertirse en un desafío estructural que enfrenta barreras más allá del accionar de la fuerza pública. Recientemente José Ferney Ducuara, secretario de Gobierno municipal, lanzó una fuerte advertencia sobre la fragilidad del sistema judicial en Colombia, señalando que en la capital huilense más del 50% de las personas capturadas por la Policía quedan en libertad.
Ducuara calificó como alarmante esta situación, pues a pesar del esfuerzo operativo que adelantan diariamente las autoridades, con un promedio de hasta ocho capturas por día, los resultados se diluyen en las audiencias judiciales, donde muchos de los detenidos son dejados en libertad por falta de pruebas contundentes, vencimiento de términos, tecnicismos procesales o decisiones de jueces que, generan una sensación de impunidad que desmotiva.
“El tema de la seguridad es un tema complejo, porque es un problema estructural del Estado, es un poco desalentador. Es una lucha contra un sistema que está funcionando en Colombia mal, cuando un sistema de justicia no funciona, la ciudadanía va a sentir que no hay justicia, eso afecta a todos”, indicó el secretario.
La administración municipal considera que esta dinámica socava no solo la percepción de seguridad, sino también la legitimidad del Estado ante la ciudadanía. La repetición de casos en los que delincuentes reincidentes regresan rápidamente a las calles, sin enfrentar sanciones ejemplares, genera desconfianza en las instituciones, inhibe la denuncia y alimenta una cultura de silencio que favorece el accionar de estructuras criminales.
“Un ejemplo claro es donde una juez del municipio de Iquira, Huila, en función de control de garantías, en un tema meramente formal, solemne, en el que el abogado de la defensa alega que no le dejaron hablar con su cliente, y tenemos las evidencias del CDT donde nunca estuvo allí solicitando una cita. Le dieron libertad a un delincuente que fue capturado por el homicidio de una mujer en Neiva, es frustrante, porque luego de dejarlo en libertad se voló”, agregó Ducuara.
Aunque en Neiva se han implementado estrategias conjuntas con la Policía Metropolitana y otras autoridades para contener la criminalidad como patrullajes, cámaras de vigilancia y operativos focalizados, sin una respuesta coherente del sistema judicial, esos esfuerzos quedan incompletos.
“Es frustrante porque diariamente la policía captura delincuentes por diferentes delitos, pero la aplicación que tenemos del sistema judicial los deja libres, y todo el esfuerzo, la persecución, los policías heridos es prácticamente en vano”, puntualizó
La desconexión entre la labor operativa de la fuerza pública y los resultados judiciales es un problema de fondo que afecta no solo a esta ciudad, sino a muchas otras en Colombia. Una desconexión que solo podrá cerrarse mediante reformas estructurales y una mayor coordinación entre todas las ramas del poder público.
“En un comienzo en Neiva con el Plan minerva, nosotros teníamos 77 capturas y 45 quedaron en libertad, es decir el 58.8% de los delincuentes vuelven y quedan libres, y vuelven y siguen delinquiendo, porque tenemos un sistema penal que es muy permisivo, está segmentado en dos principios universales: favor libertatis y pro homine”, indicó el secretario.
Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los anteriores principios son de interpretación legal, los cuales priorizan la libertad y los derechos humanos. El "favor libertatis" se aplica en casos de duda, favoreciendo la interpretación que protege la libertad; mientras que en el "pro homine”, se debe elegir la interpretación legal más favorable para el individuo y sus derechos, buscando la protección y garantía de los derechos humanos.
Esta realidad, según la administración municipal, refleja un reto estructural que requiere atención urgente por parte de las autoridades judiciales y del Estado, para garantizar que el esfuerzo en seguridad tenga resultados duraderos.
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