Tolima enfrentará audiencia decisiva por deuda de $1,2 billones de EPS

Según cifras oficiales, el 60 % de los usuarios pertenece al régimen subsidiado y el 38 % al contributivo, mientras que el 98 % de los servicios son prestados por seis EPS: Nueva EPS, Salud Total, Asmed Salud, Sanitas, Famisanar y Pijao Salud.

De la millonaria cartera, más de 800 mil millones de pesos corresponden a la red pública. El hospital más afectado es el Federico Lleras Acosta, que acumula deudas por 240 mil millones de pesos, seguido por hospitales regionales como el del Espinal, Lérida y otras instituciones de segundo nivel. A la red privada se le deben más de 400 mil millones de pesos, lo que también ha puesto en jaque a clínicas y centros médicos.

La acción popular y la medida cautelar

La mandataria explicó que la acción popular fue admitida por el Tribunal y que durante la audiencia de este viernes se pedirá una medida cautelar inmediata para garantizar el giro de recursos. La solicitud busca que la decisión tenga efecto evolutivo, es decir, que no se suspenda en caso de apelaciones.

“Necesitamos que los pagos se hagan sin más dilaciones. Todos los meses los hospitales sufren por la falta de giro directo de las EPS y esta situación no puede seguir”, enfatizó Matiz.

La funcionaria señaló que la red pública y la privada del Tolima se han unido en esta acción, conscientes de que el desfinanciamiento puede dejar sin servicios a miles de pacientes. “Esta no es una pelea de la Gobernación, es una defensa de toda la red hospitalaria y de los usuarios”, agregó.

Un alivio parcial

En medio de las gestiones, la gobernadora confirmó que la Nueva EPS autorizó un giro de 11 mil millones de pesos para aliviar de forma parcial la crisis. De esos recursos, 1.956 millones irán al Hospital San Rafael del Espinal, 962 millones al Reina Sofía de Lérida, 1.200 millones adicionales al Federico Lleras, 874 millones al Hospital Granja Integral de Lérida, 1.525 millones a Medicadis y 170 millones a UMID, entre otros.

Si bien este desembolso es considerado un alivio, las autoridades locales insisten en que no soluciona el problema de fondo, pues la deuda sigue siendo de magnitudes billonarias.

Expectativa por la audiencia

La audiencia convocada para este viernes a las 8:00 de la mañana en Ibagué contará con la presencia de representantes de la red pública y privada, directivos de EPS, magistrados y autoridades departamentales. La gobernadora Matiz aseguró que participará de manera directa y que presentará los soportes financieros y jurídicos de la crisis.

El magistrado a cargo dejó abierta la posibilidad de extender la sesión hasta el lunes si no se alcanza a agotar la discusión. Para la mandataria, esta apertura es una señal positiva de la importancia que la justicia le está dando al caso.

Lo que está en juego

El temor central de las autoridades es que los hospitales comiencen a cerrar servicios críticos, lo que afectaría la atención de emergencias, cirugías y tratamientos de alta complejidad. “El Tolima no puede quedarse sin servicios de salud por culpa de las EPS que no giran los recursos. Estamos en una situación límite”, sostuvo Matiz.

Además, la discusión se da en medio de un ambiente nacional de incertidumbre, marcado por anuncios sobre la posible liquidación de varias EPS y el debate sobre la sostenibilidad del sistema de salud en Colombia.

La gobernadora hizo un llamado a los gremios, sindicatos, asociaciones de pacientes y ciudadanía en general para acompañar el proceso judicial. “Necesitamos que se decreten esas medidas cautelares, porque lo que está en juego es la vida y la salud de los tolimenses”, concluyó.

Con esta audiencia, el Tolima busca convertirse en uno de los primeros departamentos en sentar un precedente judicial contra las EPS para obligar al cumplimiento de los pagos y garantizar la continuidad de la atención médica.

Un alivio parcial

En medio de las gestiones, la gobernadora confirmó que la Nueva EPS autorizó un giro de 11 mil millones de pesos para aliviar de forma parcial la crisis. De esos recursos, 1.956 millones irán al Hospital San Rafael del Espinal, 962 millones al Reina Sofía de Lérida, 1.200 millones adicionales al Federico Lleras, 874 millones al Hospital Granja Integral de Lérida, 1.525 millones a Medicadis y 170 millones a UMID, entre otros.

Si bien este desembolso es considerado un alivio, las autoridades locales insisten en que no soluciona el problema de fondo, pues la deuda sigue siendo de magnitudes billonarias.

Expectativa por la audiencia

La audiencia convocada para este viernes a las 8:00 de la mañana en Ibagué contará con la presencia de representantes de la red pública y privada, directivos de EPS, magistrados y autoridades departamentales. La gobernadora Matiz aseguró que participará de manera directa y que presentará los soportes financieros y jurídicos de la crisis.

El magistrado a cargo dejó abierta la posibilidad de extender la sesión hasta el lunes si no se alcanza a agotar la discusión. Para la mandataria, esta apertura es una señal positiva de la importancia que la justicia le está dando al caso.

Lo que está en juego

El temor central de las autoridades es que los hospitales comiencen a cerrar servicios críticos, lo que afectaría la atención de emergencias, cirugías y tratamientos de alta complejidad. “El Tolima no puede quedarse sin servicios de salud por culpa de las EPS que no giran los recursos. Estamos en una situación límite”, sostuvo Matiz.

Además, la discusión se da en medio de un ambiente nacional de incertidumbre, marcado por anuncios sobre la posible liquidación de varias EPS y el debate sobre la sostenibilidad del sistema de salud en Colombia.

La gobernadora hizo un llamado a los gremios, sindicatos, asociaciones de pacientes y ciudadanía en general para acompañar el proceso judicial. “Necesitamos que se decreten esas medidas cautelares, porque lo que está en juego es la vida y la salud de los tolimenses”, concluyó.

Con esta audiencia, el Tolima busca convertirse en uno de los primeros departamentos en sentar un precedente judicial contra las EPS para obligar al cumplimiento de los pagos y garantizar la continuidad de la atención médica.

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