Ocho familias rechazaron tierras entregadas en zona con disidencias en Tolima

A pesar de esas advertencias, el proceso siguió adelante, y se entregaron los terrenos sin las validaciones técnicas ni sociales necesarias. Bocanegra lamentó, además, que la ANT no haya asistido a ninguna de las mesas de trabajo donde se discutieron los riesgos del predio. Esto, dijo, no solo representa una falla de articulación, sino una vulneración directa a los principios que rigen el proceso de reparación y retorno de las víctimas.

“Hay tres principios que deben cumplirse: voluntariedad, seguridad y dignidad. Aquí no se está cumpliendo con los dos últimos”, puntualizó el secretario, quien además reveló que el predio adjudicado no tiene acceso a agua potable, ni energía eléctrica, ni rutas de acceso adecuadas, lo cual lo hace completamente inviable para desarrollar proyectos productivos o una vida en condiciones aceptables.

Como resultado de esta situación, ocho de las 13 familias que inicialmente iban a ser reubicadas decidieron desistir del traslado, ante el temor de exponerse nuevamente a la violencia o a condiciones de abandono. “Están trasladando a personas vulnerables a un lugar que no conocen, sin agua, sin cultivos, sin saber si el terreno es fértil o si es seguro”, insistió Bocanegra.

La situación ya generó pronunciamientos de líderes comunitarios y defensores de derechos humanos, quienes exigieron al Gobierno Nacional respetar los protocolos establecidos para la reubicación de víctimas del conflicto. También solicitaron que las adjudicaciones de tierras se realicen en conjunto con los gobiernos municipales y departamentales, para evitar situaciones como la que ahora atraviesa Rovira.

“Esta no puede ser la forma de reparar a quienes ya lo han perdido todo. El Estado debe ser garante, no generador de nuevos riesgos”, indicó uno de los representantes de organizaciones sociales que acompañan el caso.

Por ahora, cinco familias han decidido permanecer en el predio a la espera de soluciones, pero tanto la Gobernación como el Comité de Orden Público han reiterado que no están dadas las condiciones para una reubicación segura y pidieron a la ANT suspender cualquier nueva adjudicación en ese sector hasta que se garanticen los mínimos exigidos por la ley.

Las familias que ya abandonaron el proceso han solicitado una nueva evaluación de sus casos, temiendo quedar excluidas de futuros beneficios por haber rechazado un predio que consideran inviable. La Defensoría del Pueblo y la Personería municipal ya tienen conocimiento de la situación y analizan posibles acciones para salvaguardar los derechos de estas personas.

El caso de Rovira deja en evidencia una vez más la desconexión entre las decisiones del Gobierno Nacional y la realidad en los territorios, especialmente cuando se trata de zonas donde persisten riesgos asociados al conflicto armado y el abandono institucional. Mientras tanto, las víctimas siguen esperando una reparación integral que les permita reconstruir su vida en paz.

Alerta Tolima te mantiene informado, tus comentarios, denuncias, historias son importantes para nosotros, conviértete en nuestros ojos donde la noticia se esté desarrollando, escríbenos al WhatsApp a través de este link

 

¿Quieres mantenerte informado? Agrégate a nuestro Grupo de Noticias haciendo clic aquí