Piden a alcaldes del Tolima endurecer controles para frenar el uso de pólvora
La Secretaría de Convivencia Ciudadana, Seguridad y Orden Público del Tolima emitió un mensaje contundente que hoy tiene en alerta a los mandatarios locales: los 47 alcaldes deben expedir, actualizar o reforzar los decretos para regular el uso de pólvora antes de que avancen las celebraciones de fin de año. La advertencia surge tras los primeros incidentes de la temporada y ante el riesgo de que diciembre se convierta nuevamente en un mes crítico para la salud pública y la convivencia.
Aunque desde la Secretaría de Salud ya se reveló la cifra de quemados en la noche de velitas, el foco ahora está en la responsabilidad política y administrativa de las autoridades municipales. Según la Secretaría de Convivencia, varios municipios aún no tienen normativas claras, no han actualizado sus decretos de prohibición o permiso controlado, o simplemente mantienen disposiciones ambiguas que dificultan la acción de Policía y organismos de control.
Un llamado de fondo: la circular que mueve el tablero
El secretario de Convivencia, José Diego Ramírez Gutiérrez, explicó que el departamento ya activó una circular oficial, amparada en la Directiva 018 de 2025 de la Procuraduría y las instrucciones de la Superintendencia Nacional de Salud emitidas el pasado 13 de noviembre. Estos documentos obligan a las administraciones municipales a garantizar la protección de la vida y la salud de sus habitantes.
“Instamos a los alcaldes a tomar medidas urgentes. La circular es clara: deben expedir los decretos o reforzar los existentes para prevenir el uso inadecuado de la pólvora. No es opcional, es un deber de protección ciudadana”, señaló Ramírez.
La advertencia se da porque, pese a los riesgos conocidos, solo una parte de los municipios ha activado mecanismos restrictivos mediante decretos de prohibición total o de regulación estricta con zonas delimitadas y horarios autorizados.
Los decretos, la piedra angular del control
De acuerdo con la Secretaría, la problemática no radica solo en la venta o el uso de artefactos pirotécnicos, sino en la ausencia de marcos normativos actualizados que permitan actuar a tiempo.
En algunos municipios, los decretos expedidos en años anteriores quedaron desactualizados. En otros, las nuevas administraciones no han priorizado este tema, lo que permite que vendedores informales operen sin vigilancia y que la ciudadanía manipule pólvora sin consecuencias jurídicas claras.
“Cuando no hay decreto, no hay control. Y cuando no hay control, cualquiera puede vender, comprar o usar pólvora sin supervisión. Eso es lo que queremos evitar”, enfatizó el secretario.
La situación se vuelve más compleja porque diciembre es el mes de mayor circulación de pólvora ilegal, especialmente en corredores rurales donde no hay restricción municipal y las autoridades pierden capacidad de reacción.
Presión institucional y advertencia directa
La circular enviada a los alcaldes recalca que la falta de regulación puede derivar en responsabilidad disciplinaria, especialmente porque las directrices nacionales —Procuraduría y SuperSalud— ya están vigentes. El departamento recuerda que los mandatarios deben garantizar condiciones de seguridad y convivencia, y que permitir el uso libre de pólvora incrementa el riesgo de quemaduras, incendios, afectaciones auditivas y alteraciones al orden público.
“Los alcaldes tienen la potestad de prohibir total o parcialmente la pólvora. Lo que no pueden es quedarse sin hacer nada”, agregó Ramírez.
La comunidad, entre normas y costumbres
Aunque la advertencia va dirigida principalmente a los mandatarios, la Secretaría también pidió a la ciudadanía acatar las medidas que cada municipio adopte, para evitar sanciones y, sobre todo, tragedias.
Sin decretos claros y sin apoyo ciudadano, dicen las autoridades, es imposible frenar la manipulación irresponsable de artefactos pirotécnicos.
Lo que sigue
En los próximos días, la Secretaría realizará una revisión municipio por municipio para verificar qué decretos están activos, cuáles requieren actualización y quiénes aún no han emitido regulación. En caso de omisiones, se enviarán informes correspondientes a los entes de control.
El mensaje es claro: el Tolima no quiere más quemados, pero para lograrlo —advierten las autoridades— se necesita una acción inmediata de los alcaldes.
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