Superservicios ordena a Alcanos devolver el 100% de los cobros indebidos en facturas de gas en Ibagué

Es de reconocer 

Detrás de este contundente pronunciamiento de la Superintendencia de Servicios Públicos, que obliga a Alcanos a devolver el dinero cobrado injustamente a miles de usuarios, hay una voz que no se rindió: la del concejal Julián Serna. Desde el recinto del Concejo de Ibagué, Serna fue uno de los primeros en alzar la voz con pruebas en mano, denunciando los desmesurados incrementos en las tarifas de gas y los cobros injustificados por reconexiones y supuestas fugas. Hoy, con la resolución oficial, el tiempo le da la razón.

Serna no lo celebra como una victoria personal, sino como un triunfo colectivo. “Esto es del pueblo, de quienes confiaron en su derecho a reclamar”, ha dicho con firmeza. Para quienes veían sus facturas triplicarse sin explicación, este fallo no solo representa justicia, sino un acto de dignidad. El concejal ha dejado claro que su lucha no termina aquí: continuará vigilante para que la compensación a los usuarios se cumpla a cabalidad. “Ibagué y el Tolima merecen respeto”, reafirma, decidido a llegar hasta las últimas consecuencias.

Un aumento injustificado del 51%

La alarma se encendió cuando múltiples usuarios comenzaron a reportar incrementos desmesurados en el valor de sus facturas de gas. Tras analizar la información comercial y técnica suministrada por la propia empresa, la Superservicios determinó que Alcanos incrementó sus tarifas en un 51% a partir del consumo correspondiente a enero de 2025, afectando los cobros realizados hasta la fecha.

Lo grave del hallazgo radica en que dicho aumento no tenía justificación técnica ni comercial. Según el ente de control, Alcanos disponía de reservas suficientes de gas natural proveniente del mercado nacional —en particular de ECOPETROL— para atender con prioridad la demanda esencial del servicio, lo cual incluye a los hogares colombianos.

Sin embargo, la empresa habría reportado una disponibilidad artificialmente baja de dicho recurso nacional, creando un escenario ficticio que justificara la necesidad de importar gas a un costo mucho más elevado.

Manipulación del mercado y tarifas desbordadas

El gas importado, al tener un precio considerablemente superior al del recurso nacional, fue utilizado como argumento por Alcanos para elevar el costo del servicio a los hogares. Esta estrategia, además de atentar contra el bolsillo de los usuarios, representa una violación directa a la normativa vigente en materia de tarifas.

La conducta identificada infringe la Resolución CREG 137 de 2013, la cual regula el esquema tarifario del servicio público de gas combustible distribuido por redes. Esta norma establece que los costos trasladados a los usuarios deben estar debidamente sustentados en condiciones de mercado verificables y en principios de eficiencia económica.

Alcanos, al simular escasez de gas nacional e importar innecesariamente un recurso más caro, incurrió en una práctica engañosa que perjudicó a más de un millón de usuarios, no solo en Ibagué y Tolima, sino también en departamentos como Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Huila y Nariño.

Orden de devolución total y ajuste tarifario

Ante este escenario, la Superintendencia no solo ha impuesto un Programa de Gestión a la empresa, con el fin de que corrija la metodología de cálculo tarifario y ajuste las tarifas de los próximos ciclos de facturación, sino que ha sido enfática en exigir la devolución del 100% de los cobros indebidos realizados desde enero de 2025 hasta el momento en que se realicen las correcciones.

Esto implica que Alcanos deberá revisar individualmente la facturación de cada usuario afectado y hacer el reintegro correspondiente, bien sea mediante devolución directa o a través de notas crédito en las próximas facturas. Este proceso será supervisado por la misma Superintendencia, que anunció seguimiento continuo hasta garantizar el cumplimiento pleno de la medida.

Reacciones ciudadanas y consecuencias legales

La decisión ha sido recibida con alivio por parte de los usuarios en Ibagué, quienes desde hace meses venían manifestando inconformidad por el aumento en las tarifas. Organizaciones de defensa del consumidor y líderes comunitarios han aplaudido la actuación de la Superservicios y han exigido que se investigue a fondo la responsabilidad administrativa y penal de los directivos de Alcanos implicados en esta maniobra.

Desde el Concejo de Ibagué y otras instancias regionales también se han elevado voces que piden sanciones ejemplares, no solo para resarcir a los ciudadanos, sino para evitar que hechos similares se repitan en el futuro.

¿Qué sigue para los usuarios?

A partir de esta resolución, los usuarios deben estar atentos a las comunicaciones oficiales de Alcanos, donde se especificará cómo y cuándo se harán efectivas las devoluciones. La Superintendencia ha recomendado conservar las facturas desde enero, así como cualquier soporte que permita verificar los cobros realizados.

En caso de inconsistencias o demoras, los ciudadanos pueden presentar sus quejas directamente ante la Superservicios o a través de los canales habilitados en las personerías municipales y las oficinas de atención al usuario.

Una señal para el sector energético

Este caso no solo pone en evidencia un fallo grave por parte de una empresa prestadora de servicios públicos, sino que también refuerza el rol que debe cumplir el Estado en la defensa del interés general frente a prácticas abusivas. La decisión de la Superintendencia envía una señal clara al sector energético: la regulación existe para proteger al usuario, y su incumplimiento conlleva consecuencias serias.

Por ahora, miles de familias esperan que la justicia tarifaria se materialice pronto en sus bolsillos, mientras se reabre el debate sobre la necesidad de mejorar los sistemas de control y de fomentar una mayor transparencia en los procesos de contratación y reporte de insumos esenciales como el gas natural.

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