Rutas de busetas cambian en Ibagué
2 Sep 2025
09:56 PM
Sistema de transporte público de Ibagué opera sin inclusión efectiva para personas con movilidad reducida
Veeduría y ASOTPC denuncian incumplimientos del SETP en transporte incluyente tras mesa técnica sin acuerdos concretos.
Organizaciones ciudadanas exigen cumplimiento de normativa de accesibilidad. La Veeduría de Servicios Públicos de la Arboleda del Campestre y la Asociación ASOTPC de Ibagué emitieron una contundente denuncia contra el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP), las empresas operadoras, la Secretaría de Movilidad y la Alcaldía de Ibagué. Las organizaciones señalan incumplimientos graves en los compromisos básicos para garantizar un servicio público de transporte incluyente y digno, bajo la administración de la alcaldesa Johana Aranda.
La problemática evidencia una contradicción entre el marco normativo existente y la realidad que enfrentan diariamente las personas con movilidad reducida en la capital del Tolima. A pesar de contar con legislación específica desde 2002, el servicio de transporte público mantiene barreras de accesibilidad que limitan el derecho fundamental a la movilidad de esta población.
Mesa técnica sin resultados concretos genera más frustración
Tras múltiples denuncias ciudadanas, derechos de petición y evidencias presentadas en medios locales durante un mes, el gerente del SETP, Aquileo Medina, convocó una Mesa Técnica de Movilidad Reducida. El encuentro contó con la participación de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Secretaría de Movilidad y representantes de las empresas transportadoras.
Sin embargo, hasta la fecha no existe un acta firmada con compromisos reales para un servicio de transporte con inclusión y calidad en la ciudad. Esta ausencia de documentación oficial evidencia la falta de seriedad con la que se aborda esta problemática social.
Durante la reunión, la empresa Cotrautol aseguró contar con la mayor flota de busetas equipadas con plataformas para personas con movilidad reducida. Como sustento de su afirmación, presentó el mismo video que había circulado previamente en redes sociales. No obstante, la presentación se limitó a declaraciones sin un plan de ejecución específico, lo que mantiene la incertidumbre sobre la prestación efectiva del servicio.
Acciones legales buscan hacer efectivo el cumplimiento normativo
Con el respaldo del concejal Joseph González, la Veeduría interpuso una acción popular exigiendo el uso efectivo de las 41 busetas equipadas con plataforma. Esta medida legal busca que las unidades presten el debido servicio para las personas con movilidad reducida, cumpliendo con su propósito original de inclusión.
La Ley 769 de 2002 establece parámetros claros de accesibilidad vial y control del transporte, proporcionando el marco jurídico necesario para garantizar estos derechos. Las busetas que iniciaron operaciones en 2018 se encuentran en funcionamiento, pero no prestan el servicio según los lineamientos establecidos por la ley.
Las críticas se extienden a las principales empresas operadoras del sistema: Cotrautol, Expreso Ibagué y Movilizando Ibagué. Estas compañías son señaladas por su falta de voluntad e interés en garantizar un transporte con acceso, calidad y seguridad para todos los usuarios.
Incumplimientos trascienden la inclusión y afectan todo el sistema
Desde la Asociación ASOTPC también denuncian el incumplimiento del SETP y la Alcaldía respecto a los acuerdos logrados tras el cese de actividades de transportadores ocurrido en el primer bimestre de 2025. El sistema funciona con improvisación y altos sobrecostos para los propietarios, mientras las empresas operadoras carecen de capacidad financiera adecuada para su funcionamiento.
La situación se agrava por la prórroga otorgada al contrato de semaforización y la ausencia de terminales adecuados para los transportadores. Estas deficiencias estructurales comprometen la calidad del servicio para toda la ciudadanía ibaguereña.
La Administración municipal reconoce en un borrador de decreto que los operadores no poseen recursos suficientes para sostener la operación ni para administrar adecuadamente la flota. Esta admisión oficial contrasta con la continuidad de contratos con empresarios que, según las organizaciones denunciantes, no cumplen con los estándares exigidos para Ibagué.
Marco legal existe pero no se implementa en la práctica
Colombia cuenta con un amplio marco normativo que protege los derechos de las personas con discapacidad en materia de transporte. Sin embargo, en la capital tolimense estas normas parecen convertirse en letra muerta ante la falta de implementación efectiva.
La Ley 1618 de 2013 garantiza el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, incluyendo específicamente el acceso a un transporte incluyente. Esta normativa establece obligaciones claras para las autoridades locales y empresas prestadoras del servicio.
El Decreto 1079 de 2015, conocido como Decreto Único Reglamentario del sector transporte, fija lineamientos específicos de accesibilidad y seguridad vial. Estos parámetros técnicos proporcionan las especificaciones necesarias para adaptar el transporte público a las necesidades de personas con diferentes tipos de movilidad reducida.
Más recientemente, el Decreto 1266 de 2024 ratifica el transporte público como un servicio esencial que debe operar bajo estándares de calidad, responsabilidad y accesibilidad. Esta actualización normativa refuerza las obligaciones existentes y elimina cualquier ambigüedad legal sobre estas responsabilidades.
Exclusión sistemática afecta derechos fundamentales
La queja central de las organizaciones apunta a la contradicción que experimentan diariamente las personas con discapacidad, los usuarios en general y los mismos transportadores. Esta situación mantiene a cientos de personas con movilidad reducida en condición de exclusión mientras el resto de usuarios recibe un mal servicio de transporte.
La problemática trasciende la simple prestación de un servicio público para convertirse en una vulneración sistemática de derechos fundamentales. El acceso a la movilidad constituye un prerrequisito para el ejercicio de otros derechos como el trabajo, la educación, la salud y la participación social.
Las personas con movilidad reducida enfrentan barreras adicionales que limitan su autonomía y participación plena en la sociedad ibaguereña. Esta exclusión genera un círculo vicioso que perpetúa la discriminación y limita las oportunidades de desarrollo personal y profesional de esta población.
Llamado a la acción institucional y ciudadana
Las organizaciones concluyen que en Ibagué persiste una preocupante falta de voluntad política, legal y empresarial. Esta situación es inaceptable para los ciudadanos, los entes de control y las autoridades, según el pronunciamiento conjunto de la Veeduría y la Asociación ASOTPC.
El llamado se extiende a todas las instancias involucradas para que asuman sus responsabilidades y generen cambios efectivos en la prestación del servicio. La ciudadanía organizada mantiene su vigilancia y exigencia de cumplimiento de los compromisos adquiridos.
La transformación del sistema de transporte público requiere acciones inmediatas y verificables que garanticen el acceso efectivo de todas las personas, sin distinción de su condición física o económica. Solo así se podrá hablar de un verdadero servicio público incluyente en Ibagué.
La situación actual demanda una respuesta integral que involucre la voluntad política de la administración municipal, el compromiso empresarial de los operadores y el control efectivo de las autoridades competentes. El tiempo de las excusas ha llegado a su fin.
Llamado a la acción institucional y ciudadana
Las organizaciones concluyen que en Ibagué persiste una preocupante falta de voluntad política, legal y empresarial. Esta situación es inaceptable para los ciudadanos, los entes de control y las autoridades, según el pronunciamiento conjunto de la Veeduría y la Asociación ASOTPC.
El llamado se extiende a todas las instancias involucradas para que asuman sus responsabilidades y generen cambios efectivos en la prestación del servicio. La ciudadanía organizada mantiene su vigilancia y exigencia de cumplimiento de los compromisos adquiridos.
La transformación del sistema de transporte público requiere acciones inmediatas y verificables que garanticen el acceso efectivo de todas las personas, sin distinción de su condición física o económica. Solo así se podrá hablar de un verdadero servicio público incluyente en Ibagué.
La situación actual demanda una respuesta integral que involucre la voluntad política de la administración municipal, el compromiso empresarial de los operadores y el control efectivo de las autoridades competentes. El tiempo de las excusas ha llegado a su fin.
Haz parte de alertatolima en WhatsApp: encuentra información actualizada, videos, imágenes de lo que sucede en Ibagué, el Tolima y el centro del país.
Comenta las noticias de nuestro Portal, envíanos tus denuncias, conviértete en nuestros ojos donde la noticia se esté desarrollando, escríbanos al WhatsApp a través de este link
Fuente
Alerta Tolima
