Sellan lujosas casas en Ibagué por graves fallas en licencias del proyecto Golden Club
14 Oct 2025
11:28 PM
Sellan lujosas casas en Ibagué por graves fallas en licencias del proyecto Golden Club
Autoridades sellaron varias obras en el exclusivo proyecto Golden Club por falta de licencias; los inversionistas acusan a la constructora
El lujo y la exclusividad se convirtieron en un problema legal para varios propietarios del proyecto Golden Club, un conjunto residencial de estrato seis ubicado en la zona de la variante de Ibagué. Las autoridades sellaron recientemente varias obras por no contar con las licencias de construcción exigidas por la ley, desatando un escándalo urbanístico que tiene en vilo a decenas de familias y pone en entredicho la gestión de las entidades encargadas de vigilar este tipo de desarrollos.
Según los afectados, la medida de suspensión fue impuesta por la Inspección de Policía del corregimiento de El Totumo, jurisdicción que abarca el sector donde se adelanta el proyecto. Durante un operativo de control, los funcionarios exigieron las respectivas licencias de construcción, pero ninguno de los propietarios logró presentarlas. Algunos incluso desconocían que debían contar con este permiso, pues —según afirmaron— confiaron en la legalidad del proyecto que les vendió la constructora.
“Nos aseguraron que todo estaba en regla, que el conjunto tenía sus papeles al día y que podíamos construir sin problema. Ahora tenemos las casas selladas, materiales perdidos y una incertidumbre total”, señaló uno de los inversionistas afectados, quien aseguró que ya había invertido más de 400 millones de pesos en su vivienda.
Las versiones preliminares indican que el proyecto en general presenta inconsistencias en sus permisos ante las autoridades urbanísticas. Aunque Golden Club fue promocionado como un desarrollo exclusivo con todas las garantías legales, al parecer no cuenta con la licencia de construcción global que ampare las obras dentro del conjunto, lo que habría motivado la intervención de las autoridades locales.
La situación mantiene paralizadas las obras y ha generado pérdidas que los propietarios califican como “millonarias”. Mientras tanto, la constructora responsable del proyecto no ha entregado explicaciones claras, ni ha respondido formalmente a las quejas de los compradores. Algunos de ellos estudian la posibilidad de iniciar acciones legales por estafa y perjuicios económicos.
El caso también pone bajo la lupa la actuación de las curadurías urbanas y de la Secretaría de Planeación de Ibagué, entidades responsables de verificar que los proyectos inmobiliarios cumplan con los requisitos antes de ser vendidos. Los afectados cuestionan cómo fue posible que un conjunto de este nivel se comercializara sin contar con las licencias adecuadas, y por qué las autoridades no intervinieron antes de que se levantaran las primeras estructuras.
“Nos sentimos engañados por todos los frentes: la constructora, las autoridades que permitieron la venta y el sistema que no protege a quienes invertimos nuestros ahorros. Esto no puede pasar en una ciudad como Ibagué”, afirmó otra propietaria que pidió reserva de su identidad.
De confirmarse las irregularidades, los propietarios podrían enfrentar sanciones económicas y hasta la demolición parcial o total de las construcciones, catalogadas como edificaciones ilegales. El impacto financiero y social de esta situación podría ser considerable, ya que se trata de uno de los proyectos de vivienda más costosos y visibles de la ciudad.
Hasta el momento, ni la constructora ni las autoridades municipales han emitido un pronunciamiento oficial sobre el futuro del proyecto. Los propietarios, entre tanto, insisten en que se realice una investigación transparente que determine responsabilidades y les permita recuperar su inversión o reanudar las obras bajo la legalidad correspondiente.
El caso del Golden Club se suma a la lista de proyectos inmobiliarios que en los últimos años han sido cuestionados en Ibagué por irregularidades en licencias, lo que abre nuevamente el debate sobre la falta de control urbanístico y la urgencia de fortalecer los mecanismos de supervisión para evitar que los compradores sean las principales víctimas de un sistema que, en teoría, debería protegerlos.
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Alerta Tolima
