
Investigan a funcionarios tras pelea campal entre padres de familia y personal del IMDRI
Una grave situación de orden público se vivió en la tarde del lunes en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, cuando una manifestación pacífica por parte de padres de familia de jóvenes deportistas terminó en una violenta confrontación con personal del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (IMDRI) y miembros de la fuerza pública.
Los hechos, que fueron registrados por ciudadanos y difundidos ampliamente a través de redes sociales, muestran una fuerte discusión que escaló rápidamente a agresiones físicas, presuntamente por parte de contratistas del IMDRI contra los manifestantes. Según las versiones preliminares, los padres de familia se encontraban reclamando mejores condiciones para el desarrollo de actividades deportivas de sus hijos, cuando fueron abordados de forma hostil por personal presente en el escenario.
La Personería Municipal de Ibagué confirmó que estuvo presente durante los hechos brindando acompañamiento a la comunidad afectada y que se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido. Así lo afirmó Alfonso Luis Suárez, personero delegado de control urbano y medio ambiente, quien denunció la gravedad de los sucesos.
“Una menor resultó herida y estuvimos en todo el proceso, teniendo en cuenta que los padres de familia se encontraban manifestando de forma pacífica. Nuestra labor en este caso ha sido la de verificar el debido proceso y garantizar los derechos de todos los involucrados”, indicó Suárez en declaraciones a Alerta Tolima.
Uno de los aspectos más delicados del incidente es que algunos de los presuntos agresores serían contratistas vinculados al IMDRI, lo que ha generado una ola de rechazo por parte de la ciudadanía y ha encendido las alarmas sobre el manejo institucional frente a la atención de conflictos con la comunidad.
La Personería anunció que recopilará todo el material probatorio posible, incluyendo videos, fotografías, testimonios y actas, para establecer con claridad cómo ocurrieron los hechos y quiénes son los responsables. De igual forma, se solicitará a las autoridades competentes iniciar los procedimientos disciplinarios y/o penales que correspondan en caso de que se verifique el uso excesivo de la fuerza o conducta inadecuada por parte de servidores públicos.
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