Hacinamiento en estaciones de Policía de Cali.
Una inversión superior a $1.000 millones que pone en riesgo proyectos locales.
A partir de 2026, la Alcaldía de Ibagué tendrá que asumir la alimentación de las personas privadas de la libertad en los centros de detención transitorios del municipio. La decisión, impartida por el Gobierno Nacional en el marco de una directriz que busca reorganizar las obligaciones entre Nación y entes territoriales, implica que el municipio deberá destinar más de $1.000 millones de su presupuesto propio para cubrir esta necesidad.
Se trata de un monto considerable que alerta a las autoridades locales, pues podría impactar de manera directa programas sociales, obras proyectadas y la planeación financiera del próximo año.
Con esta medida, el Gobierno Nacional busca que municipios y departamentos asuman de forma plena competencias relacionadas con la atención de la población privada de la libertad en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI), espacios que, durante años, han estado en una zona gris administrativa.
En estas instalaciones, la responsabilidad de la alimentación recaía anteriormente en recursos nacionales o en apoyos temporales de otras entidades, pero la directriz establece que, desde 2026, será el municipio el que deberá encargarse de garantizar la sostenibilidad de este servicio.
"Antes el gobierno nacional tenía un fondo específico que en este momento obra por $50.000 millones, con el cual trasladaba los recursos para alimentación de los PPL, y esto era una carga nacional, ahora la secretaría tendrá que asumir la administración municipal ese costo que se proyecta en aproximadamente $1.125 millones al año", indicó Francisco Espín, secretario de gobierno municipal.
Actualmente, la capital tolimense destina sus recursos propios a programas de alto impacto social, como la alimentación escolar, la infraestructura comunitaria, proyectos culturales, iniciativas deportivas, mejoramiento vial y programas de seguridad ciudadana.
Autoridades locales advierten que, aunque se hará el esfuerzo por cumplir con la norma, el traslado de más de $1.000 millones hacia la atención de privados de la libertad reducirá la capacidad de ejecución de proyectos estratégicos que ya estaban contemplados en el plan de desarrollo.
"Los recursos para esto saldrán de los propios de la administración y destinados a la secretaría. Como todas las órdenes de ley hay que cumplirlas y por esa razón se programó dentro del presupuesto, pero nos afectan otros ítems como la disminución en otros montos o servicios que presta la secretaría", agregó.
Este panorama ha generado preocupación entre varios sectores, especialmente aquellos que consideran que la medida es injusta y desproporcionada para los municipios. Argumentan que la alimentación de los privados de la libertad debería ser una competencia financiada por la Nación, ya que se trata de una responsabilidad derivada del sistema penal, que no depende de los territorios.
Sin embargo, la nueva reglamentación obliga a los gobiernos locales a asumir esta tarea sin una inyección adicional de recursos, lo que obliga a rediseñar de manera urgente la estructura financiera municipal. Para algunos concejales, este traslado de responsabilidades sin compensación económica podría incluso generar desfinanciación en sectores esenciales, como la seguridad, la movilidad y la inversión social.
"Hubo un auto, Asocapitales está trabajando con gestiones profundas todo el tiempo en asesoramiento jurídico, para ver si logramos que esas actividades sigan en cabeza del gobierno nacional. En este momento hay un auto de suspensión por parte de la Corte Constitucional, del magistrado ponente y ahora estamos a la espera de los resultados de la ponencia. En este momento estamos por los 250 PPL", puntualizó.
Además del componente financiero, la logística del cumplimiento también será un reto. La alimentación de las personas privadas de la libertad requiere un proceso riguroso que garantice condiciones adecuadas de salubridad, frecuencia, calidad y supervisión. Esto implica contratar proveedores, implementar mecanismos de seguimiento, garantizar transporte y distribución de alimentos y coordinar permanentemente con la Policía y con las URI.
Para una administración municipal, asumir este sistema desde cero representa una tarea compleja que demandará un equipo robusto y procedimientos claros para asegurar que no se presenten irregularidades o fallas en el servicio.
Lo cierto es que la transición ya es un hecho y, a partir de 2026, la ciudad tendrá que enfrentar este nuevo desafío, equilibrando el cumplimiento de la norma con la defensa de su capacidad de inversión local.
Fuente
Sistema Integrado de Información
