Señalan que deben comprar la comida afuera y les cobran $10 mil por ingresarles los encargos.
12 Nov 2025
08:44 AM
Alcaldía de Ibagué deberá asumir alimentación de personas privadas de la libertad a partir de 2026
La administración municipal deberá destinar 1.126 millones de pesos, lo cual afectará la reducción de presupuesto para otras dependencias
Por primera vez, la Alcaldía de Ibagué deberá asumir directamente los costos de la alimentación de las personas privadas de la libertad (PPL) que se encuentran bajo custodia en el municipio. La decisión obedece a un mandato del Gobierno Nacional, derivado de recientes disposiciones legales y fallos judiciales que trasladan a los entes territoriales una obligación que históricamente correspondía al nivel central.
Así lo confirmó Francisco Espín, secretario de Gobierno de Ibagué, en diálogo con Alerta Tolima, quien explicó que esta decisión implicará una presión significativa sobre las finanzas municipales, dado que se proyecta un gasto anual superior a 1.126 millones de pesos.
“Antes el Gobierno Nacional tenía un fondo específico de alrededor de 50 mil millones de pesos con el cual se cubría la manutención y alimentación de los PPL. Ese fondo era una carga nacional. Ahora la Secretaría de Gobierno tendrá que asumir ese costo con recursos propios y con los asignados dentro del presupuesto municipal”, explicó el funcionario.
La decisión generará un impacto directo en la estructura presupuestal del municipio, que deberá redistribuir recursos originalmente destinados a otros programas. Espín reconoció que la medida implicará recortes en diferentes dependencias de la Alcaldía.
“Eso nos afecta en otros ítems. Las diferentes direcciones se ven reducidas en presupuesto, pues debemos cumplir con esta obligación de ley”, puntualizó el secretario.
La administración municipal ya incluyó este gasto dentro del presupuesto proyectado para 2026, a fin de cumplir con los requerimientos nacionales y evitar sanciones por parte de los órganos de control. La Procuraduría General de la Nación ha advertido que varios entes territoriales enfrentan procesos disciplinarios por no haber previsto esta partida en sus planes financieros.
El traslado de esta responsabilidad a los municipios ha generado debate a nivel nacional. Según explicó Espín, la medida está respaldada por una ley y por una decisión de la Corte Constitucional, aunque su aplicación definitiva aún no está totalmente definida.
En la capital tolimense actualmente hay alrededor de 250 personas privadas de la libertad, bajo custodia en centros de reclusión locales. La alimentación de esta población deberá ser garantizada con recursos municipales a partir del próximo año, lo que representa un nuevo reto para la administración de la ciudad.
“Estamos a la espera del fallo definitivo de la Corte, pero mientras tanto debemos incluir el gasto en el presupuesto”, concluyó Espín, reiterando que se trata de una disposición de obligatorio cumplimiento.
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Fuente
alerta tolima
