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4 Jun 2025
05:29 PM
Diputada Yully Porras vuelve a poner bajo la lupa millonaria deuda del Fondo Ganadero del Tolima
La deuda supera los $12.000 millones y pone en riesgo recursos públicos del Departamento.
Desde la Asamblea Departamental, la diputada Yully Esperanza Porras Barrero emitió un nuevo y contundente llamado de atención sobre la crítica situación financiera que atraviesa el Fondo Ganadero del Tolima S.A., una entidad que mantiene una deuda superior a los $12.000 millones de pesos con el Departamento, por concepto del impuesto al degüello de ganado mayor. Lo que ha causado gran sorpresa es que la Gobernación del Tolima es, además, accionista minoritaria de esta entidad que enfrenta un proceso de liquidación judicial.
En su ejercicio de control político, la diputada Porras solicitó a la Gobernación un informe detallado sobre los montos adeudados, incluyendo tanto el capital como los intereses generados por la deuda, además de exigir claridad sobre las acciones que se han tomado durante los procesos judiciales que atraviesa el Fondo Ganadero para recuperar esos recursos públicos.
“Queremos saber si ha habido acercamientos concretos con el liquidador, cuál es el plan de acción del Gobierno Departamental para proteger el patrimonio público y si se están realizando las gestiones necesarias para evitar que esta deuda se convierta en un hueco irreparable en las finanzas del Tolima”, señaló la legisladora.
La gravedad del asunto no quedó solo en el escenario político. Recientemente, la Contraloría General de la República llevó a cabo una visita a la Secretaría de Hacienda del Tolima en el marco de un proceso de control fiscal sobre los recursos que administra el Fondo Ganadero, incluyendo las contribuciones parafiscales del sector ganadero, que son recursos públicos destinados al fomento de la actividad ganadera y lechera en la región.
Entre junio de 2016 y septiembre de 2018, el Fondo Ganadero actuó como agente recaudador de estas contribuciones en las plantas de sacrificio de Ibagué y El Espinal. Sin embargo, una auditoría realizada por la Contraloría en 2018 evidenció que los recursos no fueron girados a tiempo ni en la forma adecuada, lo que generó hallazgos fiscales por más de $9.000 millones en aquel momento.
Esta situación pone en evidencia un patrón preocupante que se ha extendido durante más de una década, reflejando problemas estructurales en la administración del Fondo y la falta de mecanismos efectivos para proteger los recursos públicos que deberían revertirse en el desarrollo del sector ganadero y lechero tolimense.
Aunque el Fondo Ganadero se encuentra en proceso de liquidación judicial, la Gobernación del Tolima continúa como accionista minoritaria, con una participación que supera los 7,8 millones de acciones, equivalentes al 2,07% del capital social. Además, el Departamento figura como acreedor ante la entidad, lo que significa que la deuda no solo afecta a terceros, sino que también pone en riesgo el patrimonio público del Tolima.
La diputada Yully Porras fue enfática en señalar que esta no es una discusión meramente técnica ni administrativa, sino una cuestión de justicia con los recursos públicos que pertenecen a todos los tolimenses. “La denuncia está hecha. Vamos a seguir ejerciendo control político, acompañando a los entes de control, para que esta deuda no quede impune y se logren recuperar los recursos que hoy están en juego”, concluyó.
Este caso ha puesto en el centro del debate la responsabilidad de la Gobernación y la necesidad de mayor transparencia y acciones contundentes para evitar que los recursos públicos sean dilapidados o queden atrapados en procesos judiciales interminables.
Mientras tanto, sectores ganaderos y ciudadanos atentos exigen respuestas claras y acciones concretas que garanticen el uso adecuado de estos recursos que, según ha reiterado la diputada, deben servir para fortalecer el desarrollo del campo y no para alimentar crisis financieras dentro de las entidades públicas.
El desenlace de esta controversia aún está por definirse, pero lo que es claro es que la presión política y la vigilancia de los entes de control serán clave para esclarecer responsabilidades y buscar soluciones que protejan el patrimonio del Tolima y aseguren la correcta administración de los recursos públicos en beneficio de toda la región.
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Fuente
Alerta Tolima
