cintilla crimen
4 Jun 2025
02:20 PM
Más de 500 líderes comunales del Huila están amenazados y dos fueron asesinado este año
La alerta se mantiene en al menos 20 municipios por riesgo de violencia.
La situación de seguridad para los líderes comunales en el departamento del Huila atraviesa una de sus etapas más críticas en los últimos años. De acuerdo con organizaciones defensoras de derechos humanos, en lo corrido del 2025, más de 500 líderes han recibido amenazas.
A esta preocupante cifra se suman dos homicidios que han encendido todas las alarmas. El primero ocurrió en febrero en el municipio de Algeciras, una zona históricamente golpeada por la violencia, y el segundo se registró recientemente en Baraya, al norte del departamento.
La mayoría de estas amenazas han sido mediante intimidaciones directas, mensajes anónimos, seguimientos sospechosos y hasta visitas de hombres armados a sus viviendas, los cuales han sido denunciados ante las autoridades, aunque persiste un subregistro por temor a represalias o por desconfianza hacia las instituciones.
“El Huila hasta el año pasado había sido un poco invisibilizado en cómo la reconfiguración del conflicto afectaba los liderazgos sociales y defensoría de los derechos humanos. Afortunadamente, la Defensoría emitió la alerta temprana 01 del 2025, donde se muestra el riesgo en varios municipios”, expresó Nadia López, defensora de derechos humanos y vocera de la Mesa Territorial de Garantías en el Huila.
Ambos homicidios están siendo investigados por las autoridades, pero han dejado una profunda sensación de desprotección entre los líderes comunales, quienes cumplen un rol clave en la articulación de procesos sociales, comunitarios y de defensa del territorio.
“Se han identificado al menos 20 municipios en riesgo alto de violencia contra líderes sociales, entre ellos Neiva, Pitalito, Isnos, Algeciras, La Plata y Tello. En estos territorios se han reportado acciones sistemáticas de hostigamiento, especialmente en zonas rurales donde hay presencia de actores armados ilegales o disputas por control territorial”, agregó López.
Las amenazas, según los testimonios recogidos por organizaciones sociales, han generado desplazamientos silenciosos, donde varios líderes han optado por abandonar sus casas y suspender sus actividades comunitarias, sin que se registren oficialmente como víctimas de desplazamiento forzado, lo que agrava aún más la crisis humanitaria en el departamento.
“Hay personas que se van con lo que tienen en la mano, sin decir nada, porque sienten que nadie los va a proteger. Eso es muy grave y habla de una falla estructural del Estado”, señaló una líder comunal.
Ante este panorama, organismos de derechos humanos y plataformas sociales del Huila han elevado un llamado urgente al Gobierno Nacional, solicitando medidas reales y efectivas para garantizar la seguridad de los líderes comunales.
“Entre las propuestas están el fortalecimiento de los esquemas de protección colectiva, el incremento del acompañamiento institucional en los territorios más afectados y el avance en investigaciones judiciales que permitan capturar a las personas detrás de estas amenazas”, puntualizó López.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría han emitido alertas tempranas y solicitudes de intervención prioritaria, pero el impacto de estas acciones aún no se traduce en garantías reales para quienes están en la primera línea de trabajo social en sus comunidades. El clamor de las organizaciones es el de proteger a los líderes sociales de proteger la democracia y el tejido social de los territorios.
Mientras tanto, los líderes comunales siguen alzando su voz, exigiendo presencia estatal más allá del discurso, y reclamando su derecho a vivir y trabajar en paz, sin miedo. La pregunta que queda en el aire es si el país podrá garantizarlo a tiempo, antes de que la violencia siga cobrando más vidas.
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Fuente
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