Autoridades locales denuncian entregas improvisadas de tierras a víctimas sin preparación ni consulta.
25 Ago 2025
01:09 PM
Asamblea cita a debate a secretario del Interior por polémica reubicación de víctimas
Autoridades locales denuncian entregas improvisadas de tierras a víctimas sin preparación ni consulta.
En medio de una creciente tensión política y humanitaria, la llegada de familias desplazadas al Tolima sin coordinación con las autoridades locales ha encendido las alarmas. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha entregado predios en municipios como Suárez y Rovira a víctimas del conflicto armado sin que alcaldías ni el departamento hayan sido informados. Esto ha derivado en un debate de control político que pone en pleno escrutinio la responsabilidad del Gobierno Nacional frente a una problemática que exige más que entregas simbólicas.
Alcaldes y secretarios de la región coinciden: la improvisación supera cualquier protocolo mínimo de atención digna. En Suárez, la alcaldesa Consuelo Alvis reveló que solo se enteraron de que 18 familias habían sido asentadas en la vereda Pital —en un extenso predio de 256 hectáreas— una vez el proceso ya estaba en marcha, sin aviso previo y sin recursos ni planes para atenderlas. Por su parte, en Rovira, el mandatario Víctor Alfonso Gualtero expresó su preocupación por la falta de información sobre qué predio o vereda sería utilizado, especialmente en zonas con presencia de actores armados ilegales.
El secretario del Interior del Tolima, Ricardo Suárez Guzmán, fue contundente: “Esto no es concertación, es sorpresa”. Denunció que las condiciones de estas reubicaciones son precarias y alarmantes, sin garantía de seguridad, viabilidad productiva ni dignidad. Su demanda es clara: no se puede ejecutar una política de reparación sin garantizar las condiciones estructurales mínimas que eviten una revictimización.
Frente a esta situación, la Asamblea del Tolima activó un debate de control político que convocará no solo al secretario Ricardo Suárez, sino a representantes de la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad para las Víctimas y la Agencia de Reincorporación y Normalización, entre otras entidades. El objetivo es exigir explicaciones claras sobre quién dio la orden para estas entregas sin articularlas con las autoridades territoriales, y entender si existen protocolos responsables y sostenibles para acompañar a las familias.
Este conflicto territorial ocurre en simultáneo con una entrega pública reciente: el Gobierno, a través de la ANT, entregó 1.165 hectáreas en Piedras, Suárez y Rovira a 84 familias campesinas organizadas, como parte de su reforma agraria. Si bien esta acción fue reconocida como histórica y reparadora por líderes sociales, evidencia cómo, en contraste, otras entregas —como las señaladas en el Comité de Justicia Transicional— han sido desarticuladas y sin garantías, lo que genera un profundo desbalance entre el discurso institucional y la realidad territorial.
La Defensoría del Pueblo, representada por Ana María Enciso en el Comité Departamental de Justicia Transicional, subrayó que el Estado tiene la obligación legal y misional de acompañar estos procesos. La ausencia de ese acompañamiento convierte lo que debería ser un acto de reparación en un nuevo daño institucional.
Lo que la gente quiere saber:
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¿Cuántas familias y dónde están ubicadas? No hay un registro claro: ni el departamento ni los municipios saben cuántas personas han llegado ni dónde exactamente fueron asentadas
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¿Qué garantías de seguridad y sostenibilidad existen? Los predios entregados podrían estar en zonas con actores armados, lo que pone en riesgo la vida de los desplazados y de los pobladores.
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¿Qué dijo el Gobierno Nacional? Hasta ahora, no ha habido ni respuesta formal ni concertación, a pesar de los múltiples llamados del departamento.
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¿Este caos es general o puntual? La entrega de 1.165 hectáreas a campesinos organizados demuestra que el Gobierno puede coordinar procesos exitosos, lo que hace aún más grave el descontrol observado en otros lugares.
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¿Qué viene ahora? El debate de control político será clave: servirá para exigir claridad, protocolos y, sobre todo, que estas familias no terminen siendo víctimas nuevamente de una política mal diseñada.
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Fuente
Alerta Tolima
