El grupo delincuencial buscaba inmigrantes venezolanas que estuvieran a punto de dar a luz o que acabaran de tener un bebé y las convencían para que vendieran a sus hijos, ofreciéndoles entre dos y cinco millones de pesos.
Tan pronto tenían en su poder a los niños, tramitaban lo documentos o se los cambiaban, poniendo como padres a dos jefes de la banda, y así los movilizaban a Ecuador y luego a España o Francia, donde los vendían hasta en 12.000 euros.
Así mismo, indican que se tiene información de la existencia de otras bandas delincuenciales en Cúcuta, Villa del Rosario, Puerto Santander y Los Patios que ubican menores de edad para la explotación sexual y laboral en plena zona de frontera.