Docentes de Pitalito bajo la lupa de la Procuraduría por ingreso irregular a la Alcaldía durante plantón

Los docentes involucrados habrían actuado durante un plantón convocado por sectores del magisterio en el marco de una jornada de protesta por condiciones laborales y reclamos frente a decisiones del gobierno local; sin embargo, las autoridades investigan si, en medio del ejercicio del derecho a la protesta, se incurrió en conductas que puedan considerarse faltas disciplinarias o incluso punibles.

En ese sentido, la Procuraduría señaló que “con la apertura formal de la investigación se busca verificar la ocurrencia de los hechos denunciados, establecer si estos configuran una falta disciplinaria. Este proceso no implica una sanción inmediata, sino que corresponde a la etapa inicial en la que se recopilan pruebas y versiones para definir la existencia de méritos para formular cargos o archivar el proceso”.

Además de los cinco docentes mencionados, el órgano de control compulsó copias del proceso a la Procuraduría Regional de Instrucción del Huila, con el fin de que esa instancia investigue la posible participación de otros dos docentes, también presuntamente implicados en el incidente y vinculados a la Secretaría de Educación Departamental.

Por otra parte, la Procuraduría también remitió copias del expediente disciplinario a la Fiscalía General de la Nación, para que adelante la correspondiente investigación penal, si a ello hay lugar. Esto significa que, además de eventuales sanciones disciplinarias, los implicados podrían afrontar procesos judiciales si se encuentra que los hechos constituyen delitos como lesiones personales, daño en bien ajeno, violencia contra servidor público o perturbación del servicio público.

Este caso ha generado opiniones divididas en el municipio de Pitalito, donde el magisterio goza de amplio respaldo ciudadano, pero también se exige que las protestas se realicen dentro del marco legal y con respeto por las instituciones.

Organizaciones sociales y sindicatos docentes han expresado su preocupación por lo que consideran una posible criminalización de la protesta social, mientras que sectores de la administración pública insisten en que no puede haber justificación para la violencia o la irrupción arbitraria en edificios oficiales.

La investigación continúa su curso, y se espera que en las próximas semanas se conozcan más detalles sobre la recolección de pruebas y las versiones de los implicados. Por ahora, la Procuraduría ha ratificado su compromiso con el respeto a los derechos fundamentales, pero también con la vigilancia estricta sobre el comportamiento de los servidores públicos y los límites de la protesta social en el marco del Estado de Derecho.