Procuraduría investiga exconcejales de Rovira Tolima
24 Jul 2025
03:27 PM
Investigan a antiguos cabildantes de Rovira por presuntas irregularidades en proceso de elección
Los investigados habrían vulnerado normas legales y el reglamento interno del Concejo al adelantar el proceso de elección del secretario.
La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación disciplinaria en contra de tres exconcejales del municipio de Rovira, Tolima, por presuntas irregularidades en el proceso de convocatoria y elección del secretario general del Concejo Municipal para la vigencia 2024. Los investigados son Francisco Javier Amaya Romero, Ricardo Chávez Sanabria y María Leyla Galicia, quienes se desempeñaron como presidente, vicepresidente y segunda vicepresidenta, respectivamente, de la mesa directiva del Concejo durante el periodo 2020–2023.
Según la información revelada por el órgano de control, existirían serias dudas sobre la legalidad del procedimiento que estos exfuncionarios lideraron para seleccionar al funcionario que ocuparía la Secretaría General de la corporación en el año en curso. La Procuraduría señaló que, al parecer, la convocatoria no se ajustó a los requisitos establecidos por la normativa legal ni al reglamento interno del Concejo Municipal de Rovira, lo cual podría haber vulnerado principios fundamentales como la transparencia, la meritocracia y la igualdad de condiciones en el acceso a cargos públicos.
El caso fue asumido por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué, que ordenó de inmediato la apertura formal del expediente disciplinario. En esta etapa inicial del proceso, la entidad busca recolectar todos los elementos probatorios necesarios para esclarecer los hechos y determinar si existió una actuación dolosa o negligente por parte de los exconcejales.
Entre las pruebas solicitadas figuran las actas del Concejo donde conste la apertura y desarrollo de la convocatoria, la elección y la posesión del secretario, así como las hojas de vida de los aspirantes, sus antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales, y cualquier documento que permita establecer si se cumplió con los lineamientos exigidos por la ley 136 de 1994, la ley 190 de 1995 y demás normativas que rigen el funcionamiento de los concejos municipales.
El proceso disciplinario podría derivar en sanciones que van desde amonestaciones escritas hasta la inhabilidad para ejercer cargos públicos, en caso de comprobarse que los exconcejales incurrieron en faltas graves o gravísimas. Si bien se trata de hechos ocurridos en el marco del anterior periodo constitucional, la Procuraduría tiene competencia para adelantar investigaciones sobre actuaciones que hayan producido efectos administrativos o jurídicos posteriores, como es el caso de un nombramiento para la vigencia 2024.
Lo que está en juego, más allá de una simple formalidad, es el correcto ejercicio de la función pública y la garantía de que quienes acceden a cargos en la administración local lo hagan de manera legítima, cumpliendo con las reglas del debido proceso. En reiteradas ocasiones, la Procuraduría ha insistido en que los procesos de selección en corporaciones públicas no pueden convertirse en escenarios de clientelismo político o favorecimiento personal.
En el caso de Rovira, llama la atención que la supuesta irregularidad se habría cometido en los últimos días del periodo de los exconcejales, lo cual podría indicar una intención de dejar definida la elección del secretario antes de que entrara en funciones la nueva corporación elegida para el periodo 2024–2027.
Este tipo de maniobras no son nuevas en la política local, donde en múltiples municipios del país se han denunciado intentos de dejar amarrados cargos clave de la administración pública antes del cambio de gobiernos o de composición en los concejos. Sin embargo, la intervención de los organismos de control ha venido fortaleciendo la vigilancia sobre estos procesos para evitar que se repitan prácticas contrarias a la legalidad y la ética pública.
Por ahora, los tres exconcejales deberán presentar sus explicaciones ante la Procuraduría y aportar las pruebas que consideren pertinentes en su defensa. La investigación seguirá su curso conforme al debido proceso, y se espera que la entidad adopte una decisión en los próximos meses.
El caso también pone de presente la necesidad de mayor formación jurídica y ética en los cuerpos colegiados municipales, especialmente en aquellos que cumplen funciones administrativas y normativas. Los concejos municipales no solo legislan en sus territorios, sino que también son responsables de nombramientos y decisiones que tienen implicaciones directas en la transparencia y el funcionamiento de las instituciones locales.
Mientras tanto, la ciudadanía de Rovira permanece atenta al desarrollo de esta investigación, que podría sentar un precedente frente a futuras elecciones de cargos administrativos en el Concejo, y a la vez, exigir mayor vigilancia a los procesos que deben representar el interés público y no agendas particulares.
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Fuente
Alerta Tolima
