En las últimas horas el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) denunció ante la Fiscalía una posible corrupción en la expedición de guías sanitarias que favorecían la introducción de animales desde Venezuela.
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Fueron 83 personas entre funcionarios y contratistas de la entidad los que denunció el Instituto ante el ente de control por malos manejos en puestos de control sanitario y la expedición de las guías que permite la movilización interna de animales, permitiendo el contrabando y el abigeato.
Luis Humberto Martínez, gerente general del ICA, indicó que siempre se ha trabajado con transparencia por lo que después de realizar unas auditorías internas y atendiendo las quejas de los usuarios, se iniciaron las investigaciones que permitieron descubrir a los presuntos responsables y a instaurar las denuncias penales e iniciar los procesos disciplinarios por la posible corrupción.
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Las personas vinculadas a las investigaciones actuaban en departamentos como Norte de Santander, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Vichada, Boyacá, Arauca, Caldas, Cesar, Quindío, Huila, Meta y Santander, situación que ya fue puesta en conocimiento de la Fiscalía, donde además se anunció que los implicados prestaban sus servicios en puntos al ganadero, expidiendo las guías para movilizar animales.
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Dentro de las irregularidades encontradas, el gerente del ICA informó que también está el ingreso al sistema en horas extraaborales, expidiendo guías de predios que no tienen documentación completa y movilizaciones en papel hacia predios de frontera, incurriendo en la legalización de animales traídos desde Venezuela.
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También fueron encontradas consignaciones alteradas, así como también los soportes de pruebas diagnósticas y el registro único de vacunación, por lo que Martínez aseguró que “no nos temblará la mano para denunciar a los funcionarios y/o contratistas que cometan actos de corrupción y pongan en riesgo el trabajo honesto, serio y responsable de la gran mayoría de servidores que luchan por mantener el estatus sanitario del país”.
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Dentro de las determinaciones tomadas, se conoció que los funcionarios investigados fueron rotados de sus puestos y a los contratistas no se les renovó el vínculo laboral, mientras que otros empleados renunciaron o abandonaron sus cargos cuando se les notificó de la apertura de pesquisas y la investigación de la Fiscalía.
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Fuente: http://www.eltiempo.com
