
Sector salud del Tolima respalda acción popular para garantizar servicios
Una crisis financiera que afecta al sistema de salud
La Red de Servicios de Salud del Tolima atraviesa una grave crisis financiera que compromete la operación de hospitales, clínicas y prestadores en todo el departamento. Según la Gobernación, la cartera que deben las Entidades Promotoras de Salud (EPS) supera los $1,2 billones, situación que ha impactado directamente en la atención a los pacientes.
Esta problemática ha generado afectaciones en la calidad del servicio y en la continuidad de tratamientos médicos, lo que pone en riesgo la salud y el bienestar de miles de tolimenses.
Acción popular interpuesta por el departamento
Frente a este panorama, la Gobernación del Tolima interpuso una acción popular con el propósito de exigir el pago de los recursos adeudados por las EPS. La medida cuenta con el respaldo de prestadores públicos y privados, que reconocen la gravedad de la crisis y la necesidad de soluciones judiciales.
El objetivo de la acción es garantizar la prestación de los servicios de salud y proteger la vida de los habitantes del departamento, en medio de un escenario financiero que ha afectado tanto a la red pública como a la privada.
Audiencia pública ante el Tribunal Administrativo
Este viernes 19 de septiembre, el Tribunal Administrativo llevará a cabo una audiencia pública en la que participarán los hospitales, las EPS deudoras y la Gobernación. Durante la diligencia, cada actor presentará sus argumentos y expondrá las medidas que ha adoptado frente a la crisis.
La audiencia representa un paso determinante en la búsqueda de soluciones judiciales que permitan superar la difícil situación financiera que enfrenta la red hospitalaria del Tolima.
La dimensión de la red de salud en Tolima
La Red de Servicios de Salud del Tolima está integrada por 370 instituciones prestadoras, 977 profesionales independientes y 5.600 servicios hospitalarios. A esto se suman siete hospitales de segundo nivel y 42 de primer nivel, lo que da cuenta de la magnitud del sistema que hoy se encuentra en riesgo por los retrasos en los pagos.
El no pago de las obligaciones ha obligado a que en algunos municipios se suspendan servicios, lo que afecta la oportunidad de la atención médica y limita el acceso de los pacientes a tratamientos, medicamentos y personal especializado.
Impacto en la atención de los usuarios
La situación no solo amenaza la sostenibilidad financiera de los prestadores, sino que afecta directamente a la población usuaria del sistema de salud. La falta de recursos restringe la posibilidad de garantizar personal médico, medicamentos y equipos necesarios para una atención de calidad.
Esto se traduce en un deterioro de la calidad de vida de miles de ciudadanos, quienes enfrentan mayores barreras para acceder a los servicios de salud en condiciones adecuadas.
Pronunciamientos escritos antes de la audiencia
Previo a la audiencia, las entidades deberán presentar pronunciamientos escritos en los que detallen su situación financiera, el estado de los servicios que han cerrado y las medidas adoptadas para mitigar los efectos de la crisis.
Estos documentos permitirán que el Tribunal Administrativo cuente con un panorama más amplio antes de decidir sobre la acción popular, la cual busca que se mantenga la medida cautelar y se ordene el pago de los recursos adeudados.
Un encuentro que no se veía desde la pandemia
El escenario que se vivirá en el Tribunal Administrativo este 19 de septiembre será uno de los encuentros más amplios del sector salud en los últimos años. Según lo expresado, una reunión de este tipo entre actores públicos y privados del departamento no se registraba desde la emergencia generada por la pandemia de COVID-19.
La expectativa está puesta en que la audiencia permita abrir caminos para soluciones efectivas y conjuntas, que eviten un mayor deterioro del sistema hospitalario en el Tolima.
Una decisión clave para el futuro de la salud en el Tolima
La crisis que afronta el sistema de salud tolimense ha puesto en evidencia la necesidad de acciones conjuntas y respuestas inmediatas. La acción popular interpuesta por la Gobernación y respaldada por los prestadores representa una alternativa para que la justicia intervenga en la resolución de esta problemática.
El resultado de la audiencia del 19 de septiembre será determinante para definir si se logra avanzar hacia el pago de la cartera y la recuperación de la red hospitalaria, que hoy enfrenta una de sus situaciones más críticas en años recientes.
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