Gerente del IMDRI Diana Cepeda
La Procuraduría Provincial de Ibagué formuló pliego de cargos contra la gerente del Instituto Municipal de Recreación y Deporte Diana Cepeda, a título de falta gravísima, por presuntos fraccionamiento de contratos, violación de los principios de la contratación estatal, así como por transgredir los principios de transparencia, economía y planeación.
La medida también cobija al director Financiero del Instituto, Rodrigo Chávez Torres, y al secretario General, Luis Ernesto Ramírez Luna.
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La investigación está relacionada con la contratación realizada por el IMDRI en el primer semestre del 2016 para la prestación del servicio de vigilancia en todas las instalaciones del organismo deportivo con la firma MyO Seguridad.
Para la procuraduría, en cerca de tres meses, se ejecutaron varias maniobras y fraccionamiento de contratos, en por lo menos cuatro adiciones, para hacerle el quite a una licitación como lo establece la normatividad legal.
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La Procuraduría, en el recuento cronológico, dice que todo comenzó cuando MyO firmó un contrato desde 2015 que finalizaba la primera semana de enero de 2016. El mismo tuvo una primera adición de $6.106.000 por 11 días por parte de la directora administrativa del Instituto Laura Rodríguez.
Después, el 20 del mismo mes, la misma funcionaria realiza estudios previos para contratar a MyO por 32 días más a razón de $17.910.000. La gerente Cepeda en consecuencia firmó el contrato el 27 de enero.
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Posteriormente, el 25 de febrero, antes de vencerse el anterior, el nuevo director administrativo Rodrigo Chávez, proyectó una nueva adición de 19 días por un valor de $8.588.000 que fue avalada por Diana Cepeda y el secretario General Luis Ernesto Ramírez.
Después de lo anterior, vinieron más actuaciones de los funcionarios implicados que terminaron en el recuento del ente investigador en un total de tres adiciones para un total de 52 días por un valor total de 24 millones de pesos, además de suscribirse dos contratos de mínima cuantía por 36 millones acudiendo al final del proceso, de una manera irregular, a una licitación de 237 millones.
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La Procuraduría provincial señala que los funcionarios realizaron el fraccionamiento de contratos y las maniobras de adiciones “eludiendo la contratación a través de la licitación pública, con lo que no solo se desconoce ese mandato legal sino que además se vulneran los principios que inspiran la contratación estatal”
El auto de formulación de cargos fue apelado por los funcionarios y será conocido en segunda instancia por la Procuraduría Departamental del Tolima.
