La obra de la calle 60 permitiría mejorar en parte, la movilidad en la capital del Tolima.
Polémica ha generado el pronunciamiento del concejales de Ibagué Rubén Darío Correa, quien manifestado que el viaducto de la calle 60 con carrera 5a, nosería necesario para esta capital, que por el contrario los dineros que se destinarían para esta obra, deberían ser invertidos en temas sociales.
El planteamiento del cabildante estaría siendo respaldado por el excandidato a la alcaldía y exconcejal Camilo Delgado, el excongresista Alfredo Bocanegra, los diputados Marco Emilio Hincapié, Renzo García y Carlos Reyes, entre otros nombres reconocidos de la política local.
Lo curioso del asunto, es que este proyecto que permitiría mejorar la viabilidad por uno de los principales corredores viales de Ibagué, viene estructurandose desde anteriores administraciones, por lo que ahora para algunos es bastante contradictorio que un concejal realice estas afirmaciones, sólo resta esperar que sucede con estos recursos, si se invierten en la obra de infraestructura o se redireccionan para trabajo social.
21 Propuestas
Luego del fallecimiento del joven Santiago Murillo el pasado primero de mayo, producto de un disparo que le habría sido propinado por un integrante de la Policía Metropolitana de Ibagué, hecho que deja cómo primeros resultados la detención de dos uniformados, se ha conocido que para este caso a la familia del joven le han llegado un total de 21 propuestas de abogados, para representarlos en el proceso penal que se adelanta por este homicidio.
Es importante recordar que actualmente la familia del joven fallecido, cuenta con los servicios profesionales de Miguel Ángel del Río, reconocido abogado quien se ha hecho visible por sus constantes cuestionamientos ante la actualidad política, económica, social y jurídica que vive el país.
Del Río también se ha caracterizado por sus fuertes posturas qué en contra de las políticas planteadas por parte del uribismo a nivel nacional.
Lo único cierto es que en el proceso que ya se encuentra en marcha, se plantea una pelea jurídica en donde la Fiscalía General de la Nación pretende ser el ente investigador de este caso, es decir que el mismo se adelante ante la justicia ordinaria y no ante la justicia penal militar.
Viejo debate, que siempre sale a relucir cuando se investigan crímenes presuntamente cometidos por integrantes de la fuerza pública.
Fuente
Alerta Tolima
