
Gobernadora tolimense exige al Congreso incluir seguridad en Ley de Competencias
Gobernadora tolimense exige al Congreso incluir seguridad en Ley de Competencias territoriaLa gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, protagonizó una intervención contundente durante el Gran Encuentro sobre descentralización regional y autonomía territorial celebrado en la capital del país. Su participación se centró en la urgente necesidad de que el Congreso de Colombia examine y apruebe la Ley de Competencias, una normativa que podría transformar radicalmente las relaciones entre el Estado Central y las regiones colombianas.
La integralidad como fundamento de la verdadera descentralización territorial
Matiz inició su intervención estableciendo un principio fundamental para el éxito de cualquier proceso de descentralización: "Para que entre en vigencia la Ley de Competencias debe primar la integralidad". Esta declaración sirvió como marco conceptual para desarrollar sus argumentos sobre la necesidad de una transformación profunda en la distribución del poder y los recursos entre los diferentes niveles de gobierno.
La mandataria tolimense cuestionó enfáticamente la demora en la presentación de esta importante legislación ante el Congreso Nacional. Según su perspectiva, esta ley representa mucho más que una simple reforma administrativa; constituye la base para un nuevo modelo de desarrollo que reconozca y potencie las capacidades de los territorios regionales.
"Cuando hablo de la integralidad, me refiero también a que los territorios deben ser los verdaderos protagonistas de esta descentralización y de la transformación que se va a llevar a cabo", argumentó la gobernadora, enfatizando que el proceso no puede limitarse a transferencias superficiales de funciones o recursos.
El drama presupuestal de la educación departamental revelado en cifras
Para ilustrar las limitaciones del actual sistema de transferencias, la gobernadora Matiz presentó datos específicos sobre el manejo presupuestal en el sector educativo tolimense. Del Sistema General de Participaciones, el departamento recibe anualmente 840 mil millones de pesos, de los cuales 805 mil millones corresponden a educación y 31 mil millones al sector salud.
Sin embargo, la realidad presupuestal evidencia las profundas limitaciones del sistema actual. "Más del 95% se van en pagarle la nómina a una planta docente que tenemos", explicó Matiz, revelando cómo la mayor parte de los recursos se destina exclusivamente al pago de salarios sin posibilidad de inversión en mejoramiento de la calidad educativa.
Esta situación se torna aún más preocupante cuando se analizan las condiciones de infraestructura educativa departamental. Con 218 instituciones educativas y 1.816 sedes distribuidas en todo el territorio tolimense, el 98% de estas instalaciones se encuentra en mal estado, requiriendo inversiones urgentes para garantizar condiciones dignas de aprendizaje para los estudiantes.
La paradoja de las entidades territoriales convertidas en intermediarios
La gobernadora denunció una problemática estructural del actual sistema de participaciones que ha convertido a las entidades territoriales en simples intermediarios de recursos nacionales. Esta situación impide que los departamentos desarrollen iniciativas propias de mejoramiento y los obliga a depender exclusivamente de sus limitados recursos propios para atender necesidades críticas de infraestructura y calidad educativa.
"Nos toca acudir a nuestros recursos propios que tampoco tenemos en los territorios", expresó Matiz, evidenciando el círculo vicioso en el que se encuentran atrapadas las administraciones departamentales. Esta realidad financiera limita significativamente la capacidad de las regiones para responder efectivamente a las demandas y necesidades de sus poblaciones.
Condiciones territoriales específicas requieren enfoques diferenciados de descentralización
La mandataria tolimense defendió la necesidad de que cualquier proceso de descentralización reconozca las particularidades geográficas, económicas y sociales de cada región. "No podemos hablar de una ley generalizada para todos, aquí hay que tener en cuenta las condiciones de cada una de las regiones de este Departamento porque no son las mismas", argumentó durante su intervención.
Esta perspectiva territorial enfatiza la importancia de diseñar mecanismos flexibles que se adapten a las realidades específicas de cada región, evitando la aplicación de fórmulas uniformes que podrían resultar inadecuadas para contextos particulares.
Adicionalmente, Matiz subrayó la importancia crítica de evaluar la capacidad institucional de cada territorio antes de implementar procesos de descentralización. "Descentralización sin capacidad institucional es una carga, es un fracaso; descentralización con conocimiento es una gran oportunidad de transformación", advirtió la gobernadora.
Seguridad territorial como competencia fundamental para las regiones
La propuesta más innovadora de la intervención de Matiz se centró en la necesidad de incluir la seguridad como una competencia claramente definida para las regiones dentro de la futura Ley de Competencias. "La distribución de competencias no se centre, solamente, en los temas de salud, agua potable y saneamiento básico", planteó la mandataria.
Según su visión, las regiones requieren competencias específicas en materia de seguridad que les permitan prevenir, planear, coordinar y gestionar recursos destinados a garantizar la tranquilidad territorial. Esta propuesta surge del reconocimiento de que los desafíos de seguridad varían significativamente entre regiones y requieren respuestas adaptadas a cada contexto particular.
El panel donde participó la gobernadora tolimense, titulado "La ley de competencias y el compromisos del Congreso con la descentralización y la autonomía territorial", contó con la participación de Julián López, presidente de la Cámara de Representantes, y Gabriel Becerra, presidente de la Comisión I de la Cámara de Representantes. La moderación estuvo a cargo de Alejandro Santos Rubino, director de Contenidos del Grupo Prisa Media.
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