Juez ordena a la Secretaría de Educación del Tolima garantizar profesores y entrega de computadores en Herveo
Juez ordena a la Secretaría de Educación del Tolima garantizar profesores y entrega de computadores en Herveo
Suministrada
14 Ago 2025 08:34 AM

Fallo judicial obliga a Secretaría de Educación a resolver crisis educativa en Herveo

Laura Daniela
Reyes Martínez
Un juez ampara los derechos de alumnos que llevan meses sin profesores y sin los computadores prometidos.

La crisis educativa que vive el municipio de Herveo llegó a los estrados judiciales y terminó con una orden clara de la justicia: la Secretaría de Educación del Tolima tiene un mes de plazo para enviar los profesores que hacen falta en la Institución Educativa Marco Fidel Suárez y garantizar la entrega de los 167 computadores que, pese a haber sido anunciados en abril, nunca llegaron a manos de los estudiantes.

El fallo, emitido por el Juzgado Penal del Circuito de Fresno, responde a una acción de tutela interpuesta por la Fundación Leypoar en representación de los alumnos. La medida judicial busca amparar los derechos fundamentales a la educación, la igualdad y la dignidad de más de un centenar de jóvenes que llevan meses viendo cómo su proceso académico se interrumpe.

La problemática inició el 13 de junio de 2025, cuando los estudiantes de grados octavo y noveno quedaron sin clases de matemáticas y tecnología debido a la ausencia de docentes. La falta de personal no solo generó un rezago en el aprendizaje, sino que llevó a los mismos estudiantes a suspender las clases como forma de protesta, exigiendo una solución que nunca llegó por parte de las autoridades educativas.

El vacío en el cuerpo docente no fue el único golpe para esta comunidad escolar. Según la tutela, el colegio esperaba la entrega de 167 computadores del programa nacional Computadores para Educar, asignados formalmente en abril, pero hasta la fecha los equipos no han sido entregados. La ausencia de esta herramienta tecnológica limita gravemente el acceso a recursos digitales y frena el desarrollo de competencias tecnológicas en una era en la que estas habilidades son esenciales para cualquier estudiante.

En su fallo, el juez fue contundente: la Secretaría de Educación del Tolima debe adoptar medidas presupuestales y administrativas para cubrir de inmediato las vacantes docentes, garantizando que los perfiles de los profesores correspondan con las asignaturas que impartirán. Esto significa que no bastará con llenar la plaza con cualquier profesional, sino que el nombramiento deberá responder a la necesidad real de la institución.

En paralelo, el despacho judicial ordena a Computadores para Educar cumplir sin dilaciones con la entrega de los equipos comprometidos, asegurando que estos lleguen a manos de los estudiantes y se queden en la institución educativa. El incumplimiento de estas órdenes podría derivar en sanciones legales para las entidades responsables.

Para la Fundación Leypoar, esta decisión representa una victoria para la comunidad educativa de Herveo, pero también una señal de que los derechos de los niños y adolescentes no pueden quedar relegados a promesas incumplidas o a trámites burocráticos sin fin. Voceros de la organización recordaron que la educación es un derecho constitucional y que la ausencia de recursos humanos y tecnológicos en una institución oficial no solo profundiza las brechas sociales, sino que puede tener efectos a largo plazo en las oportunidades de los jóvenes.

El caso también expone un problema recurrente en zonas rurales del Tolima, donde la falta de docentes especializados y de dotación tecnológica es una queja frecuente. Mientras en las ciudades los estudiantes cuentan con acceso a internet, bibliotecas y laboratorios, en municipios como Herveo las limitaciones estructurales ponen en riesgo la calidad de la educación y obligan a las comunidades a buscar vías legales para exigir sus derechos.

En los pasillos de la institución, padres de familia y estudiantes coinciden en que la llegada de los computadores y de los profesores no puede esperar más. “No podemos perder otro año escolar esperando decisiones”, comenta uno de los padres, preocupado porque su hijo, que cursa octavo grado, ya ha visto reducidas sus horas de estudio y ha tenido que aprender por su cuenta.

El fallo judicial marca un precedente y deja claro que la inacción de las autoridades puede ser corregida por la vía judicial, pero también plantea un reto para la Secretaría de Educación: cumplir a tiempo y con calidad. En un mes, el municipio de Herveo deberá ver cambios tangibles en las aulas y en los salones de informática, o de lo contrario la situación podría escalar en el ámbito legal.

La comunidad educativa espera que, esta vez, las órdenes no se queden en el papel. Los estudiantes, que hace semanas protestaban en los pasillos, sueñan con ver a sus profesores frente a la pizarra y los computadores encendidos en las mesas de trabajo. Para ellos, esta no es solo una victoria judicial, sino la esperanza de que, por fin, se respete su derecho a una educación digna y completa.

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Fuente
Alerta Tolima