Coyaima
Contratistas denuncian falta de pagos de mayo, junio y julio pese a cumplir con sus obligaciones contractuales.
Una protesta sin precedentes se registra en el municipio de Coyaima, en el sur del Tolima, donde al menos 95 contratistas se tomaron el Palacio Municipal desde la mañana del jueves para exigir el pago de sus honorarios correspondientes a los meses de mayo, junio y julio. La medida de fuerza evidencia una crisis administrativa que enfrenta dos versiones contrapuestas: la de los trabajadores que denuncian incumplimientos y la de la alcaldía que defiende la legalidad de sus procesos.
Los manifestantes aseguran que todos tienen contratos vigentes hasta diciembre de 2025, pero hasta el momento no han recibido un solo peso por los servicios prestados durante los últimos tres meses. Esta situación ha generado una grave afectación económica para las familias de los contratistas, quienes continúan cumpliendo con sus obligaciones laborales pese a la falta de retribución económica.
Tensión escaló con llegada de escuadrón policial
La situación se tornó significativamente más tensa en horas de la madrugada del viernes, cuando según denunció Omar Perdomo, uno de los voceros de los contratistas, fue enviado al sitio un escuadrón del UNDEMO, unidad de la Policía del Tolima encargada del control del orden público, por orden del alcalde Luis Orlando Ortiz y el secretario de Gobierno.
La llegada del operativo policial generó un ambiente de intimidación entre los manifestantes. "A las seis de la mañana llegó un camión con cerca de 25 uniformados. Nos sentimos amedrentados, pero gracias a la mediación del personero municipal no hubo enfrentamientos", relató Perdomo, evidenciando la escalada de tensión que vivió el conflicto durante las primeras horas del viernes.
Alcaldía responde con denuncias sobre contratos sin soporte
La administración municipal no tardó en responder a las protestas mediante un comunicado público que presenta una versión completamente diferente de los hechos. La alcaldía señala que tras revisar la contratación vigente, se encontraron contratos suscritos entre el 15 y el 17 de mayo de 2025 que aún no han sido perfeccionados, y otros que presentan inconsistencias en los informes exigidos por ley.
Según la alcaldía, "a los contratistas que venían vinculados al municipio, la mayoría con fecha de terminación el 31 de diciembre de 2025, se les han respetado sus contratos y se les ha cancelado cumplidamente, siempre y cuando cumplan con los requisitos legales para tal fin, como son informes verificables y aprobación del supervisor". Esta versión contrasta directamente con las denuncias de los manifestantes sobre falta total de pagos.
Acusaciones cruzadas sobre cumplimiento de obligaciones
Los contratistas han mantenido el cumplimiento de sus obligaciones contractuales a pesar de la falta de pagos. Incluso han participado en actividades operativas como la recolección de basuras en el corregimiento de Castilla, en preparativos para las fiestas programadas del 18 al 20 de julio. "Entregamos los informes, tenemos soportes firmados y nos han dicho que todo está en orden, pero la firma final del secretario no aparece", denunciaron.
Sin embargo, la alcaldía hace acusaciones contundentes sobre el funcionamiento de los contratos durante la administración anterior: "Desafortunadamente, los contratistas venían acostumbrados a que se les cancelaran honorarios sin que se verificara el cumplimiento de lo anterior o, en punto de los informes, se pudo evidenciar que eran 'fusilados' mes a mes, sin que se hiciera una verificación de sus obligaciones contractuales".
Versiones encontradas sobre trato preferencial y legalidad
Los manifestantes han denunciado la existencia de un trato discriminatorio en el proceso de pagos. Según sus declaraciones, "a los 10 contratistas cercanos al alcalde ya les pagaron", mientras que los demás continúan esperando el reconocimiento de sus honorarios desde hace tres meses.
La administración municipal rechaza estas acusaciones y defiende su actuación asegurando que no existe ánimo retaliador: "Contrario a lo que se quiere hacer ver, la nueva administración se ha preocupado por sacar adelante al municipio de la crisis administrativa y financiera en la que lo recibió. Jamás hemos actuado de manera abusiva. Se cancelarán los honorarios a quienes cumplan con las obligaciones contractuales, tal como lo exige la ley".
Amenazas de investigaciones y denuncias formales
La alcaldía ha escalado el conflicto al anunciar que toda la información sobre irregularidades detectadas será puesta a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones pertinentes. También advirtió que presentarán las quejas y denuncias correspondientes por los hechos detectados durante la revisión de los contratos.
Esta amenaza de acciones legales genera una nueva dimensión al conflicto, transformándolo de una disputa administrativa a un posible caso de investigación judicial. La administración municipal busca así justificar sus decisiones y trasladar la responsabilidad hacia gestiones anteriores, mientras los contratistas mantienen sus exigencias de pago inmediato.
Diálogo en curso entre posiciones irreconciliables
Hasta el momento, la protesta se mantiene en el Palacio Municipal de Coyaima. Una comisión de contratistas se encuentra en diálogo con la Defensoría del Pueblo, el alcalde Luis Orlando Ortiz y funcionarios de la administración municipal, buscando una solución definitiva al conflicto que permita el pago de los honorarios adeudados.
Las conversaciones se desarrollan en un ambiente de tensión, con posiciones aparentemente irreconciliables: los contratistas exigen el pago inmediato de sus honorarios argumentando cumplimiento de obligaciones, mientras la alcaldía condiciona los pagos a la verificación de requisitos legales y denuncia irregularidades en gestiones anteriores. La mediación de la Defensoría del Pueblo se presenta como el único puente posible entre estas posiciones encontradas.
El conflicto en Coyaima refleja problemáticas administrativas complejas que van más allá de los recursos económicos, evidenciando un choque entre dos visiones sobre el manejo de la contratación pública. La resolución del conflicto requerirá no solo clarificar los aspectos legales de cada contrato, sino también establecer mecanismos transparentes que garanticen tanto el cumplimiento de las obligaciones como el pago oportuno de los servicios prestados.
Fuente
Alerta Tolima
