Gobernador y secretaria de Salud del Tolima
Gobernador y secretaria de Salud del Tolima
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21 Mayo 2020 04:58 PM

Procuraduría investiga al Gobernador del Tolima y solicitó suspensión de la Secretaría de Salud

Samuel
Barreto Bonilla
Además se investigan a otros 11 funcionarios de la administración departamental.

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación en contra del Gobernador del Tolima, Ricardo Orozco Valero, y a otros 11 funcionarios de la administración departamental por presuntas irregularidades en los procesos de selección, perfeccionamiento y supervisión en 7 contratos por más de $14.000 millones de pesos para atender la emergencia.

De su interés: Imputación y medida de aseguramiento para alcaldes de San Antonio y de Palocabildo salpicados por corrupción en contratos COVID-19

La decisión cobija a los Secretarios General y de Apoyo a la Gestión, de Inclusión Social, de Ambiente y Gestión del riesgo, de Interior en sus calidades de miembros del comité de administración.

Además, se ordenó la suspensión temporal por tres meses de la Secretaria de Salud del departamento, ordenadora del gasto y representante legal delegada para la contratación del fondo ante la posibilidad de la reiteración de las faltas disciplinarias investigadas. 

Por si fuera poco, también se ha solicitado al Gobernador del Tolima la suspensión de la ejecución del contrato suscrito con León Graficas que involucraba un plan de medios y comunicaciones que superarían los $1.000 millones.

Es de recordar que, la Fiscalía solicitó imputación y medida de aseguramiento en contra de los alcaldes San Antonio, Jorge Iván Vásquez Martínez, y Palocabildo, Nelson Gómez Velásquez (Capturado) y a sus secretarios de gobierno por presuntos sobre costos y celebración de contratos, celebración de contratos sin requisitos legales, y diversos tipos de peculado.

La Fiscalía cuenta con indagaciones contra 14 gobernadores, ellos son: Arauca (tres casos), Magdalena (tres casos), Cesar (tres casos), San Andrés (dos casos), Guaviare (dos casos), Vichada (dos casos); y Chocó, Valle del Cauca, Tolima, Casanare, Bolívar, Sucre, Amazonas y Vaupés (con un caso respectivamente).

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Desde que iniciaron las pesquisas, se revisaron más de 3.000 contratos suscritos desde que empezó la emergencia COVID-19, se adelantaron 189 acciones, 393 inspecciones y 264 órdenes de policía Judicial.

Otros ocho burgomaestres inmersos en estos procesos adelantado por la Fiscalía corresponden a los municipios de Armenia, Malambo, Cereté, Socorro, Calarcá, San Pedro – Valle del Cauca, Guaduas y Coveñas