Buseta 2025
10 Jul 2025
05:21 PM
La inclusión en el transporte público sigue siendo una promesa incumplida
Veeduría de Servicios Públicos denuncia incumplimiento en implementación de transporte público para personas con discapacidad en Ibagué.
La inclusión de las personas con discapacidad en el sistema de transporte público de Ibagué continúa siendo una promesa incumplida por parte de las autoridades locales. La Veeduría de Servicios Públicos de la Arboleda del Campestre ha elevado su voz para denunciar públicamente el incumplimiento de los compromisos asumidos por las autoridades frente a la inclusión de personas con discapacidad en el sistema de transporte público municipal.
Esta denuncia cobra especial relevancia después del debate de control político del pasado 9 de julio de 2025, donde el concejal González reveló datos alarmantes sobre la ejecución de la Política Pública de Discapacidad aprobada en 2024. Sus palabras fueron contundentes: "No ha pasado nada… un año y medio prácticamente perdido", señaló el concejal González, quien expresó su preocupación porque "Ojalá esta política no se convierta en una de tantas que queda en el papel".
Un año y medio de gestiones sin resultados tangibles
La Veeduría Arboleda del Campestre ha mantenido un seguimiento riguroso desde abril de 2024, solicitando información clara y acciones concretas sobre el uso de 41 busetas equipadas con plataformas para personas con movilidad reducida. Este proceso ha contado con el acompañamiento de la Personería Municipal de Ibagué, evidenciando la importancia institucional del tema.
A finales del 2024 se realizaron mesas técnicas que congregaron a algunas empresas transportadoras, la Secretaría de Movilidad, ciudadanos afectados, Sistemas Estratégicos de Transporte Público y la Personería Municipal de Ibagué. Sin embargo, estas reuniones no han logrado traducirse en acciones concretas que beneficien a la población con discapacidad.
A continuación el segundo derecho de petición presentado
Una realidad que evidencia el abandono institucional
La situación actual del transporte público accesible en Ibagué presenta un panorama desalentador según lo documentado por la veeduría. Las 41 busetas equipadas con plataformas para personas con movilidad reducida no están identificadas ni marcadas como accesibles, lo que impide que los usuarios puedan reconocerlas y utilizarlas adecuadamente.
Más grave aún resulta el hecho de que las empresas de transporte público se niegan a operar las plataformas, dejando sin funcionalidad real estos equipos que fueron adquiridos con recursos públicos. Esta actitud empresarial representa una barrera adicional para las personas con discapacidad que requieren utilizar el sistema de transporte público.
La ausencia de información confiable agrava el problema
Uno de los aspectos más preocupantes es que no se ha realizado el censo poblacional propuesto para determinar la demanda del servicio por zonas y rutas. Esta información es fundamental para planificar adecuadamente la operación del transporte accesible y garantizar que llegue a quienes realmente lo necesitan.
Durante la sesión de consejo municipal citada por el concejal, la alcaldía municipal mencionó un aproximado de 4.600 a 10.000 personas con discapacidad, entre las cuales se incluyen niños y personas de la tercera edad. Sin embargo, esta cifra aproximada no sustituye la necesidad de contar con un censo detallado que permita una planificación efectiva del servicio.
El silencio oficial frente a los compromisos adquiridos
Las autoridades competentes han guardado silencio, incumpliendo los compromisos adquiridos en la última mesa técnica de noviembre de 2024. Este silencio institucional constituye una grave violación a los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, afectando directamente su movilidad, autonomía y calidad de vida.
La situación actual vulnera normas nacionales como la Ley 769 de 2002, el Decreto 1660 de 2003, la Ley 1346 de 2009 y políticas públicas locales en favor de la inclusión. Este incumplimiento normativo no solo representa una falta administrativa sino una vulneración de derechos humanos fundamentales.
Exigencias claras para revertir la situación
La Veeduría ha formulado exigencias específicas para revertir esta situación de abandono. En primer lugar, demanda la puesta en marcha inmediata de las 41 busetas con plataformas funcionando de forma segura, garantizando que realmente cumplan su función de inclusión social.
Adicionalmente, exige información pública sobre el avance del censo poblacional o el cronograma para su ejecución, así como una nueva mesa técnica con participación ciudadana, entidades públicas y empresas de transporte. También solicita que se garantice el respeto a los principios de dignidad humana, igualdad y no discriminación, en conformidad con la Ley 1437 de 2011.
Un llamado urgente a múltiples actores institucionales
El llamado de la veeduría se dirige a múltiples actores institucionales: la Secretaría de Movilidad, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Salud, la Super Transporte, la Personería Municipal, el Concejo de Ibagué y las empresas operadoras del transporte público. Todos estos actores deben actuar de forma urgente y responsable para resolver esta situación que afecta a miles de ciudadanos.
La veeduría reconoce que las 41 busetas con plataforma existentes son muy deficientes para la cantidad de personas con discapacidad en la ciudad, pero insiste en que deben ser utilizadas debidamente como primer paso hacia una inclusión real. La inclusión en la ciudad de Ibagué no puede seguir siendo aplazada, y es responsabilidad de todas las autoridades competentes garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer plenamente su derecho a la movilidad y la participación social.
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Fuente
Alerta Tolima
