
Fiscalía adelanta investigación contra exalcalde de Neiva por adjudicación de millonario contrato
La Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación por presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución de un contrato por más de $11.000 millones para la construcción del colegio Cacique Pigoanza en Neiva. El proyecto, financiado con recursos de regalías, ha sido objeto de graves señalamientos que involucran al exalcalde de la ciudad, Gorky Muñoz, a su exsecretaria privada, y al gerente del Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Cesar (Sierra Nevada), entidad contratada para desarrollar la obra.
El contrato fue entregado de manera directa al Fondo Mixto, sin que se llevara a cabo una licitación pública, lo que ha despertado dudas sobre la transparencia del proceso, por lo que la Fiscalía investiga si hubo un presunto interés indebido en la celebración de contratos, figura penal que se aplica cuando un servidor público direcciona o favorece decisiones administrativas en beneficio de terceros.
El personero de Neiva, Jerson Bastidas, ha sido uno de los principales denunciantes del caso, junto con el concejal Alejandro Serna, en el que según el personero, la obra no solo presenta retrasos significativos, sino que está mal diseñada y no cumple con las condiciones mínimas para funcionar como institución educativa.
Se estima que, para ponerla en operación, se requeriría una inversión adicional de $7.000 millones, una cifra que supera ampliamente los recursos iniciales destinados al proyecto.
“La obra que se está desarrollando en la comuna seis de la ciudad, correspondiente al Cacique Pigoanza, no se está cumpliendo conforme a lo que estaba contratado y planeado, lo que significa que el alcance la obra no está en la fecha y ya casi en la fase final, acorde a una estructura académica que permita ponerla en uso de más de 960 estudiantes conforme fue planeada y justificada”, agregó el personero.
A casi dos años del inicio de las obras, el colegio Cacique Pigoanza permanece inconcluso, tendiendo las instalaciones unas estructuras a medio construir, deficiencias técnicas y graves falencias en los diseños que, según expertos, dificultan su adecuación para el uso académico.
“Esto conlleva a un detrimento patrimonial de más de $11.000 millones de pesos que se han dispuesto para construir esta sede, con diferentes agravantes, y es que a tan solo cuatro cuadras de este espacio, existe un colegio que está en precarias condiciones, el cual no ha sido intervenido por ausencia de recursos”, agregó el personero.
Además de los cuestionamientos sobre la contratación, el contratista del proyecto dejó una serie de deudas millonarias con proveedores locales, incluyendo empresas de construcción, logística y materiales de Neiva, lo que ha afectado seriamente la economía de estos negocios. La Personería Municipal interpuso una acción popular con el fin de que se garantice la adecuada ejecución del contrato y se protejan los derechos colectivos de los ciudadanos.
Por su parte, la Fiscalía continúa con la recolección de elementos materiales probatorios, entrevistas e inspecciones para establecer si hubo responsabilidad penal por parte de los exfuncionarios y contratistas implicados. El avance del caso podría derivar en imputaciones formales por delitos relacionados con la contratación estatal, como peculado, falsedad en documento público y celebración indebida de contratos.
Este caso se suma a una serie de investigaciones que ha venido adelantando el ente acusador en el departamento del Huila, relacionadas con el mal manejo de recursos públicos y la contratación irregular de obras financiadas con regalías.
Entretanto, la comunidad espera respuestas claras y efectivas. Padres de familia, docentes y estudiantes han manifestado su preocupación ante el deterioro del proyecto y la falta de un cronograma claro que garantice su finalización. Mientras se aclaran los hechos, el colegio Cacique Pigoanza sigue siendo un símbolo del mal manejo de los recursos públicos y de la necesidad urgente de reforzar los mecanismos de vigilancia y control en la contratación estatal.
La ciudadanía exige justicia y transparencia, con el fin de que el colegio no termine siendo un ‘elefante blanco’ más, y que los responsables respondan por sus actos ante las autoridades competentes.
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