Emiten orden de captura contra el gobernador del Chocó por corrupción en contratos
El Tribunal Superior de Bogotá dictó medida de aseguramiento y ordenó detención domiciliaria en contra del gobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón, por estar implicado con hechos asociados a corrupción en millonarios contratos suscritos durante la pandemia.
La magistrada a cargo del caso acogió las pruebas técnicas presentadas durante la audiencia por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.
En la misma determinación se ordenó la separación temporal del cargo y la expedición de una orden de captura de Palacios Calderón para hacer efectiva la detención domiciliaria.
Según las investigaciones, en calidad de gobernador, mediante el decreto 0081 del 20 de marzo de 2020, declaró la urgencia manifiesta en el departamento para disponer de recursos y cubrir programas de salud pública con el fin de atender las necesidades ocasionadas por la covid-19.
En atención a la urgencia manifiesta se estableció que la Gobernación del Chocó celebró de manera directa el contrato 003 del 3 de abril de 2020, para adquirir elementos de bioseguridad por un valor superior a los 220 millones de pesos.
En desarrollo de las indagaciones se determinó que durante la celebración de esa millonaria contratación fueron cometidas varias inconsistencias de ley.
La Fiscalía descubrió ausencia de motivación y descripción de la necesidad, cantidad, tipo y destinación de los artículos; presuntas falsedades en la etapa precontractual y falta de idoneidad del contratista.
De igual forma, los investigadores descubrieron que el gobernador no remitió a la Contraloría General de la República el decreto con el que dio vía libre la urgencia manifiesta ni los soportes del proceso de contratación directa, como lo establece la normatividad vigente.
“Esta exigencia legal se cumplió luego de que la Fiscalía solicitó el sustento de la referida actuación”, señalaron los investigadores.
Ante la gravedad de los hechos, la Fiscalía le formuló imputación de cargos al gobernador del Chocó, por su supuesta autoría en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por omisión.
Al ser interrogado por la magistrada a cargo del proceso, el gobernador del Chocó no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.