Para el 7 de diciembre la Procuraduría dejó lectura de fallo contra concejales de Ibagué
Este 29 de noviembre se dio continuación a la audiencia que se viene realizando en contra de 16 concejales de Ibagué, investigados por la
El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón; el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera; y el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, suscribieron una carta conjunta en la que le piden al Gobierno Nacional dar una respuesta pronta y suficiente, a las víctimas y a la Comisión de Seguimiento y Monitoreo que integran estas tres entidades, sobre las eventuales modificaciones que se vayan a hacer a la política de atención y reparación.
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Consideraron además que el Gobierno debe precisar las modificaciones normativas que se deriven de las propuestas que presentaron las víctimas y sus organizaciones en el llamado Espacio Amplio Participativo que se implementó con la Creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
La Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo expresaron su “preocupación por la falta de claridad acerca de cómo serán incluidas o tenidas en cuenta las propuestas de las víctimas en la reforma a la política y los ajustes normativos a los que haya lugar, y por los escasos avances en el proceso de ajustes a la política pública como lo establece el Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno y las FARC”.
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Otra preocupación de las tres entidades y sus respectivos jefes es la referente a la financiación de la Política de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, sobre todo por los gastos que están incluidos en el marco del Acuerdo Final.
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En particular, consideraron que es necesario establecer cómo se formaliza la financiación en el nuevo escenario fiscal, para la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y el nuevo horizonte de tiempo (6 años adicionales a los inicialmente contemplados).
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La comunicación del Contralor, Procurador y Defensor del Pueblo está dirigida al ministro del Interior, Guillermo Rivera Flórez; a la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República, Claudia Isabel González Sánchez, y la directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, UARIV, Yolanda Pinto Afanador.
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